El vertedero es una infraestructura de los años 70 que daba servicio a Mallorca.

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Emaya, titular del vertedero clausurado de Son Reus y responsable sus riesgos ambientales, considera que no le afecta la orden judicial de frenar la contaminación que el viejo basurero genera en el acuífero sobre el que se asienta.

El auto de medidas cautelares dictado el 9 de agosto por la magistrada del juzgado de instrucción 12 de Palma, Ana Pérez Carrillo, urge «al Ayuntamiento de Palma y a las autoridades dependientes» a «estudiar e implementar técnicas para evitar que los lixiviados (fluidos contaminantes procedentes del vertedero) lleguen al acuífero».

La resolución judicial, dirigida también a la Conselleria de Medio Ambiente y al Consell de Mallorca, insta a todas las autoridades competentes a seguir las recomendaciones del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que tras constatar que el vertedero clausurado contamina con once metales pesados el acuífero de Son Reus propuso medidas para frenar su deterioro y planteó que se analice desmantelar el basurero.

Por encargo de Emaya, el IGME realizó análisis entre 2015 y 2019 del agua extraída de 36 pozos distribuidos en la superficie de la masa de agua subterránea, que ocupa 55 kilómetros cuadrados y contiene unos 6.000 millones de litros de agua que nutren en torno a un millar de pozos.

Estos análisis, los de mayor alcance realizados hasta ahora, revelaron la presencia puntual de aluminio, arsénico, cadmio, bario, cobre, hierro, mercurio, maganeso, níquel, plomo y zinc por encima de los niveles legales máximos para aguas de consumo humano, como están declaradas las de este acuífero, en el que tienen autorización para extraer agua un millar de pozos.

La contaminación es más acentuada en el entorno inmediato del vertedero clausurado, pero se extiende tras los periodos lluviosos, según el informe del IGME cuyas conclusiones ha tomado como referencia la jueza con el respaldo de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Por orden judicial, a finales del año pasado volvieron a realizarse dos campañas de análisis que confirmaron la contaminación, ante lo que la magistrada ordenó medidas cautelares de prevención sanitaria mientras establece las responsabilidades en el presunto delito contra el medio ambiente que investiga.

Los directivos de la empresa municipal de Palma, que según ha declarado un portavoz a Efe no es propietaria del vertedero cerrado con 4,7 millones de toneladas de residuos, consideran que las medidas instadas por la juez afectan a la Conselleria de Medio Ambiente y al Consell de Mallorca, no a ellos.

«Emaya contestó en tiempo y forma a la información requerida por el juzgado de instrucción», ha indicado el portavoz, que incide en que la responsabilidad del Ayuntamiento se limita al «mantenimiento» de Son Reus.

En un reciente proceso para contratar nuevos análisis para contrastar las conclusiones del IGME, la empresa pública indicaba: «Emaya, como explotador del vertedero clausurado de Son Reus, es responsable de los riesgos ambientales provocados por dicha instalación». En el mismo documento se definía como «titular» del vertedero.

La Dirección General de Recursos Hídricos, que ha indicado a través de un portavoz que está «pendiente» del «proyecto de Emaya que debe poner fin al problema», tiene previsto aumentar el número de pozos de control de la calidad del agua del acuífero, aunque aún no ha concretado su actuación.

La otra institución afectada por el auto de medidas cautelares, el Consell de Mallorca, ha dirigido un escrito al juzgado en el que señala que ni es propietaria, ni construyó, ni autorizó, ni gestionó, ni se encargó de la clausura del vertedero, por lo que entiende que no tiene competencias.

La Conselleria de Sanidad, que inicialmente aseguró a Efe que no tenía conocimiento del informe que alertaba de la presencia en el acuífero de cantidades peligrosas de sustancias como plomo, mercurio y arsénico, ha indicado mes y medio después que sí tuvo información de los resultados del estudio del IGME porque un técnico de Salud Pública participó en la reunión donde Emaya los expuso.

El acta de la reunión de marzo de 2020 del comité de vigilancia ambiental responsable del viejo vertedero, en la que Emaya comunicó que disponía del informe y que lo había remitido al Govern y al Consell, recoge la ausencia de la funcionaria de Salud Pública que estaba convocada y entre los asistentes no figura ningún sustituto