Jóvenes confinados en el hotel COVID.  | Jaume Morey

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El macrobrote de fiestas estudiantiles en Mallorca del pasado junio, con más de un millar de contagios por coronavirus, ha terminado siendo un dolor de cabeza judicial para el Govern. De este macrobrote ahora mismo solo hay una posible responsabilidad penal: la de la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, que ha sido citada a declarar en una causa que amenaza con ir para largo.

EL FIN DE SEMANA NEGRO

Font estaba al frente de la reacción del Govern ante los brotes el fin de semana del 26 y 27 de junio. Ese sábado se tomó la decisión de poner en cuarentena a los estudiantes en viajes de fin de curso que había organizado la web tufindecurso.es. Con lo que no contaban es que la mayoría de los jóvenes se iban a negar a guardar cuarentena en el hotel habilitado. Ahí comienza la secuencia que lleva a la denuncia y al fiasco del confinamiento que fue anulado por un juzgado de lo Contencioso. Se informa a los padres, se envían correos pero la negativa es firme y Font ordena, primero de forma verbal, que se encierre a los jóvenes, algunos de ellos menores de edad.

ÓRDENES ORALES

La Guardia Civil protestó por esas órdenes orales y, esa misma noche se escribió una resolución incompleta que venía del IB-Salut. Font intentó recurrir a otras instancias judiciales y se olvidó de acudir a otros órganos de apoyo al Govern. La orden que llega al juzgado de lo Contencioso es muy mejorable y la juez de lo Contencioso pide que se le complete. El Govern envía mucha documentación pero la juez termina por tumbar el acuerdo. 176 estudiantes fueron desconfinados tras apenas cuatro días de cuarentena.

JUEZAS NUEVAS

El Govern ha chocado con dos JATS: jueces que acaban de salir de la Escuela Judicial y que aún no tienen un destino definitivo. Tanto la jueza de lo Contencioso que anuló el confinamiento, Sonia Martín, como la de Instrucción que ha imputado a Font, Ana Pérez Carrillo, lo son.

DENUNCIAS

Los padres de los confinados acudieron a la vía Penal. Hay tres denuncias en otros tantos juzgados contra Font por prevaricación y detención ilegal. Primero intentaron sacar a los adolescentes del hotel con habeas corpus, un procedimiento que se cerró y que no toca el fondo de los encierros. La que ha terminado en la imputación es la promovida por un abogado sevillano, Ángel José delPino Ibáñez, en nombre de una familia pero que está en contacto con otras doscientas, todas ellas de Andalucía que espera que se sumen a la acción. Los otros dos juzgados que tienen causas abiertas han intentado que se acumulen en Instrucción 12 y la jueza de este órgano intenta quedarse solo con una.

SIN DILIGENCIAS

La jueza no ha hecho ninguna diligencia por el momento antes de citar a Font. De hecho, suspendió una citación a la denunciante para que ratificara la acusación, y en la misma providencia que citaba la directora general, pedía que se aclarara quiénes eran los denunciantes. El Govern, cuya Abogacía se encarga de la defensa de Font, había remitido numerosa documentación a la jueza para intentar desactivar la denuncia. Por el momento, el criterio ha sido citar primero y decidir después.

LA ACUSACIÓN

La denuncia considera ilegal    toda la secuencia del confinamiento. Incluso después de que se dictara la resolución por parte de Font. También cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad y considera lo ocurrido como un posible delito de prevaricación y de detención ilegal. Del Pino Ibáñez afirma que se confinó a escolares que apenas llevaba unas horas en Mallorca y que se produjeron amenazas a los estudiantes. La denuncia asegura que sin resolución administrativa el encierro fue «completamente ilícito».

RECURSO

Mientras, el Govern espera al TSJIB, ante el que ha recurrido la nulidad del confinamiento. Si esa decisión judicial cambia, la causa penal se vendrá abajo. Si aguanta, el asunto tiene su recorrido en Instrucción por más que el Govern repita que    volvería a actuar de la misma manera.