Imagen del hotel COVID durante el aislamiento de los jóvenes estudiantes afectados por el macrobrote. | M. À. Cañellas

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El Govern ha mostrado su «defensa y apoyo» a la directora general de Salud Pública, Maria Anònia Font, después de que el juzgado de Instrucción 12 de Palma la cite a declarar por una querella de detención ilegal presentada por la madre de uno de los estudiantes confinados en el hotel COVID.

En un comunicado, el Govern ha remarcando su «respeto a todas las actuaciones del poder judicial», además de reiterar la «total disposición para cualquier requerimiento por parte de los tribunales».

Sin embargo, desde el Govern afirman que ese respeto es «compatible con la defensa y el apoyo a la actuación de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum».

En el texto el Govern se reafirma y considera que la actuación para controlar el macrobrote de contagios fue «proporcionada y siempre pendiente del criterio fundamental de la Administración: la defensa y la protección de la población».

Por último, recuerdan que los jueces desentendieron las peticiones de habeas corpus solicitadas y que los casos detectados en los días posteriores a la liberación de los estudiantes reafirma sus decisiones.