El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en Baleares se sitúa en el 22 %.

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El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en Baleares se sitúa en el 22 %, el 31,7 % no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa una semana y el 36,6 % no puede afrontar gastos imprevistos.

Además, el 13,1 % tiene problemas para el pago de la vivienda principal o con el abono de las compras a plazo y el 9 % encuentra muchas dificultades para llegar a fin de mes.
Son datos de Baleares de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020 que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). La encuesta recoge que los ingresos medios por persona en Baleares el año pasado fueron 12.658 euros, 366 más que la media española de 12.292 euros.

En España, el porcentaje de población en situación de carencia material severa se situó en 2020 -año de inicio de la pandemia- en el 7 % frente al 4,7 % del año anterior y aumentó también el número de personas con dificultades para llegar a fin de mes, asumir gastos imprevistos o irse de vacaciones al menos una semana al año.

La encuesta también refleja un ligero aumento del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, que pasó del 25,3 % en 2019 al 26,4 % en 2020. Aunque la mayoría de los datos corresponden al año 2019, el INE también pregunta por cuestiones que describen la situación económica de 2020 y permiten comprobar el efecto de la pandemia en la economía de los hogares.

Así, el 10 % de la población encuestada manifestó llegar a fin de mes con «mucha dificultad» en 2020, un porcentaje 2,2 puntos superior al registrado el año anterior. Además, el 35,4 % no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos -frente al 33,9 % de 2019- y un 34,4 % no se podía permitir salir de vacaciones al menos una semana -un punto más-.

El porcentaje de población en situación de carencia material severa en 2020 se situó en el 7 %, frente al 4,7 % del año anterior y los principales problemas estuvieron relacionados con retrasos en el pago de gastos de la vivienda (13,5 % frente a 8,3 % en 2019), dificultades para mantener la casa con una temperatura adecuada (10,9 % frente a 7,6 %) y no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (5,4 %, frente a 3,8 %).

Se considera que una persona está en situación de carencia material severa si vive en un hogar que no puede hacer frente a cuatro de los nueve elementos de una lista que contiene, además de los ya mencionados, la imposibilidad de afrontar gastos imprevistos por valor de 750 euros, irse de vacaciones una semana al año, disponer de un automóvil, teléfono, televisor o lavadora.

En cuanto a la tasa AROPE, que se construye con la población en riesgo de pobreza, con carencias materiales o con baja intensidad en el empleo, subió del 25,3 al 26,4 %. El riesgo de pobreza pasó del 20,7 al 21 %, mientras que el porcentaje de personas residentes en hogares con baja intensidad en el empleo se redujo nueve décimas, y se situó en el 9,9 %.

La tasa de riesgo de pobreza aumentó 4,3 puntos para los mayores de 65 años y 0,5 puntos para los menores de 16 años, mientras que descendió 0,9 puntos para el grupo de edad de 16 a 64 años.

Respecto a la importancia que tiene el nivel de formación, el 36 % de la población con un nivel educativo equivalente a educación primaria o inferior estaba en riesgo de pobreza o exclusión, mientras que esta tasa se reducía al 13,7 % en el caso de las personas con educación superior.

El 49,1 % de las personas en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, porcentaje que ascendía al 54,7 % en el caso de los parados, al 15 % en los ocupados y al 16,7 % en el caso de los jubilados.
Según la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo de este umbral era del 22,6 % para los españoles, del 43,4 % para los extranjeros de la Unión Europea y del 58 % para las personas cuya nacionalidad no era de un país de la UE.

El INE publica además un módulo sobre endeudamiento y ahorro que refleja cómo cuatro de cada diez hogares españoles ahorraron dinero al final de un mes normal el pasado año, mientras que el 7,3 por ciento necesitó pedir dinero prestado, porcentaje que en el caso de las familias formadas por un adulto con hijos dependientes a cargo se incrementa hasta el 21,1 por ciento.

Los datos indican que un 5,9 % de los hogares tuvo retrasos en el pago de recibos no relacionados con la vivienda como teléfono, educación, sanidad, etcétera (no se incluye hipotecas ni gastos de agua, gas o calefacción) y en el caso de los hogares formados por extranjeros, los retrasos afectaron a dos de cada diez.