Martí March, conseller d'Educació, Universitat i Recerca

Martí March, conseller d'Educació, Universitat i Recerca. | M. À. Cañellas

Angie RamónPalma09/07/21 19:31
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Los 26 educadores sociales del Programa para la Prevención del Abandono Escolar en Alumnado de Secundaria han firmado un comunicado dirigida al conseller d’Educació, Martí March, en el que manifiestan «falta de claridad, de sinceridad y las maneras», en relación al anuncio de que el próximo curso escolar se sustituirán a estos profesionales por profesores técnicos de servicios a la comunidad (PTSC).

En el documento, las educadoras sociales lamentan que la decisión «no cuestiona en ningún momento las competencias ni funciones» de su intervención en las aulas y con las familias. Reprochan que «se nos comunicara un día para otro», a pesar, añaden, «de que en una reunión del día 19 de mayo se asegura y se reitera que el proyecto continuará hasta 2024». Con todo, detallan que el día 15 de junio fueran informadas de que sí finalizará a finales de agosto. «¿Qué pasará con las 26 educadoras sociales? Por qué no se nos tiene en cuenta en esta transición hacia la estructuración de las plazas?», se preguntan en el comunicado.

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Las educadoras consideran que la Conselleria «quiere estructurar plazas» pero no señala que en educación «coexistan otras figuras no docentes, a las cuales no se les exige el máster», como la figura del educador social. De esta forma, recuerdan que la ley de Educación, todavía como proyecto, sí contempla, precisamente, a los educadores sociales en los centros como personal no docente.

Las 26 afectadas de Mallorca, Menorca e Ibiza recuerdan en la nota que desde 2017 llevan a cabo proyecto de inversión que podría durar 2 años y uno de prórroga. Para el curso 2020-21 presentaron uno nuevo con duración de tres años, es decir hasta 2024, «que es lo que permite la actual normativa». Así, se cuestionan por qué Educació decide no continuar.

No valoran la decisión y lamentan que se dejen sus funciones, tareas, los vínculos con las familias y el alumnado y la comunidad educativa. «No se ha cuestionado nuestras competencias», recriminan a March.