Llúcia Salleras, en la sede de Escola Catòlica, en Palma, antes de la entrevista. | Teresa Ayuga

Llúcia Salleras (Porreres, 1969) es desde finales del pasado abril la presidenta de Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB), entidad de la que había sido secretaria general desde 2018. En esta entrevista, Salleras explica la postura de ECIB ante las nuevas legislaciones educativas estatal y autonómica, y las dificultades que ha sufrido la enseñanza concertada durante la pandemia.

¿Cuáles son las funciones de ECIB?

—Es una asociación de 75 centros concertados de ideario católico. La entidad presta a estos centros servicios de asesoría jurídica, pedagógica, pastoral, de comunicación y de representación ante la Conselleria d’Educació y ante otras instituciones y organismos.

Además, ECIB se ha integrado en Schola Libera.

—Sí, Schola Libera es una asociación más amplia de defensa de los intereses de la enseñanza concertada. Agrupa a ECIB, la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Illes Balears, UNAC –asociaciones, centros y federaciones de asistencia a personas con discapacidad, protección de menores, salud mental y entidades sociales–, sindicatos y asociaciones de familias. Es un bloque común para garantizar al sector concertado su presencia en los foros necesarios.

¿Cómo ha sido la pandemia para ECIB?

—Ha sido una lección de vida que hemos superado con nota gracias a la profesionalidad de nuestros centros y sus equipos directivos, y al comportamiento de los alumnos, que lo han hecho muy bien. Hemos aprendido nuevas maneras de hacer y actuar de un día para otro. Los protocolos se han aplicado bien y por ello han funcionado. Hemos dado un salto cualitativo en la digitalización de los centros, aunque no todo debe ser digital. En este sentido, la pandemia nos ha servido para reflexionar sobre el contacto humano y darnos cuenta de que la socialización de los niños es necesaria y también la de las familias, que han sufrido problemas sanitarios y económicos. Hay que poner en valor la labor humana de la escuela. Siempre ha existido, pero ahora hemos constatado la importancia del acompañamiento emocional.

¿Con qué dificultades específicas se han encontrado?

—Para empezar, no hemos podido contar con profesores especialistas y de atención a la diversidad porque estaban haciendo de tutores. Lo hemos afrontado con la mejor voluntad, pero esta situación no puede repetirse el próximo curso. Es más, al acabar el proceso de escolarización del próximo curso, habría que revisar si el número de profesores de cada centro es suficiente. Hemos intentado la máxima presencialidad y nos hemos visto obligados a crear y habilitar 400 aulas restando espacios a gimnasios, comedores y laboratorios, tirando paredes, levantando tabiques y montando sistemas eléctricos y dispositivos electrónicos.

¿La Conselleria d’Educació pagará algo de todo esto?

—Nos gustaría recuperar esta inversión, pero lo único que nos ha dado la Conselleria es material de protección, higiene y limpieza.

¿Cuál es la postura de ECIB ante la nuevas leyes educativas estatal y autonómica?

—Respecto a la estatal, estamos expectantes ante su despliegue, sobre todo en lo referente a la libertad de elección de centro. Y respecto a la autonómica, es la segunda oportunidad para llegar a un amplio acuerdo educativo en Balears. La primera fue el documento Illes per un Pacte, que partió de la comunidad educativa y se malogró en el Parlament. Ahora, con la iniciativa legislativa de la Conselleria, si no se llega a un amplio acuerdo político, será una ley con fecha de caducidad. Pediría a los diputados capacidad para negociar y renunciar un poco en beneficio de todos.

Será complicado llegar a un acuerdo amplio.

—Sí, cada vez hay menos consensos, con una clase política muy polarizada, lo que indudablemente perjudica a la sociedad.

¿Qué le pediría a la ley autonómica?

—La libertad de elección de centro como derecho fundamental de las familias; reflejar la situación real de la educación en Balears, donde la enseñanza concertada es una red complementaria que supone el 35 % del sistema educativo de las Islas; y la posibilidad de que nuestros centros opten a la etapa 0-3 años, la Formación Profesional y el Bachillerato.

¿No tienen esa opción?

—Le pondré un ejemplo. Para el próximo curso, la Conselleria d’Educació nos ha aceptado 3 ciclos de FP y nos ha denegado 19. La explicación es que o no hay dinero o que ya hay centros públicos que cubren esa demanda. Y la ley estatal habla de una red de 0-3 años únicamente pública. Es como si nos dijeran que la enseñanza concertada no está invitada a participar en esas ofertas académicas. Otro ejemplo: según el Informe del Sistema Educatiu de Balears del curso 2017-18, la concertada atiende el 31 % del alumnado de atención a la diversidad con el 24 % del profesorado.

Y tienen los módulos de financiación de la concertada congelados desde 2008.

—La ley autonómica habla de, un año después de entrar en vigor, crear una comisión técnica de evaluación de costes de la concertada y calendarios para hacerlos efectivos. En cada curso estamos perdiendo una media de 2 millones de euros.

¿Sigue habiendo prejuicios contra la concertada?

—Sin la concertada, la libre elección de centro sería un privilegio de ricos. No tenemos nada contra la enseñanza pública, pero la concertada tiene un valor en Balears. La enseñanza concertada aporta pluralidad al sistema educativo. Los que tienen tics ideológicos y prejuicios no saben que tenemos centros en La Soledat o Son Gotleu.