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El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha destacado este martes que en mayo pactó «soluciones acordadas» con Baleares y otras cuatro comunidades autónomas con las que mantenía discrepancias competenciales con el fin evitar que el Gobierno interpusiera recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

En el caso de Baleares se ha pactado un acuerdo para la ley de diciembre de 2020 de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa y sobre la ley de evaluación medioambiental.

En un comunicado, el departamento que dirige Miquel Iceta indica que acordó resolver discrepancias sobre seis normas con Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, regiones con las que se «alcanzó una solución pactada» en el marco de las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

«Este procedimiento de negociación, recogido en el artículo 33.2 de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, constituye un instrumento jurídicamente habilitado para que el Gobierno pueda llevar a cabo una cogobernanza eficaz con las comunidades autónomas, bajo la premisa del principio de colaboración», explica en la nota.

Así, el Ministerio de Política Territorial destaca que «en su voluntad de diálogo permanente » ha llegado a acuerdos para resolver conflictos en relación con leyes y decretos-leyes autonómicos.

En el caso de Cataluña, se ha acordado sobre la ley de julio de 2020 de protección y ordenación del litoral y mitigación del impacto socioeconómico en la comunidad, mientras que con Murcia sobre mitigación del impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 en el área de medioambiente de la región.

Con el Gobierno de la Comunidad Valenciana se ha acordado medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Asimismo, se ha pactado un acuerdo con Baleares para la ley de diciembre de 2020 de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa y sobre la ley de evaluación medioambiental.

Finalmente, sobre la ley de cántabra de diciembre del año pasado sobre Medidas Fiscales y Administrativas.

El Ministerio señala en la nota que, además de resolver estos litigios, en el último mes se han firmado otros cuatro acuerdos para consensuar acuerdos con Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y Canarias sobre cuatro normas autonómicas.