Representantes de grupos ecologistas y de entidades de agricultura ecológica de Baleares durante su petición. | @GOBMallorca

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Grupos ecologistas y entidades de agricultura ecológica de Baleares han pedido este miércoles una moratoria de parques fotovoltaicos en suelo rústico y la planificación urgente territorial y energética de las instalaciones renovables.

Las entidades proponen, además, una serie de medidas a implementar para garantizar una transición energética no pivotada en la especulación energética del suelo rústico, adaptada al territorio, democrática y justa.

En un comunicado de prensa, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Amics de la Terra, Terraferida, el GOB y Apaema han señalado que, en estos últimos meses, se están proyectando cerca de 300MW fotovoltaicos sobre el suelo rústico de Mallorca.

Las entidades apuntan que estas instalaciones suponen, además de una ocupación significativa de suelo rústico, la instalación de kilómetros de nuevas líneas eléctricas, la apertura de algunos accesos a las parcelas o instalaciones de subestaciones transformadoras de energía.

«No podemos seguir asistiendo a la ocupación indiscriminada de suelos agrícolas con grandes parques fotovoltaicos por parte de grandes grupos inversores que únicamente persiguen un interés financiero», han censurado.

Los grupos ecologistas han denunciado la «ausencia de planificación energética y territorial» y han recordado que en Mallorca el suelo fértil «es un recurso escaso que se debe preservar y poner en valor para priorizar su uso agrario y ganadero». «La proliferación de parques fotovoltaicos en suelo rústico es una demostración más de que la actividad agraria no es rentable», han señalado.

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS
De esta forma, los grupos ecologistas han pedido la declaración de una moratoria en la tramitación de los proyectos de parques fotovoltaicos en suelo rústico, excepto los proyectos de autoconsumo, hasta la aprobación del Plan de Transición Energética y Cambio Climático, y el Plan Territorial Insulars.

Además, solicitan que se habilite un trámite de urgencia para la planificación territorial de las zonas de desarrollo prioritario y que cada isla asuma su propia cuota de renovables.

Finalmente, reclaman eliminar de la ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de Baleares, las implantaciones de energías renovables, y que se establezca una priorización efectiva para las centrales de producción que prevean su ubicación sobre cubiertas o espacios degradados.