El peaje en sombra. El Consell recurrió a la fórmula de peaje en sombra para la construcción de la carretera de Manacor. La constructora se hizo cargo del pago de las obras a cambio de que el Consell abonara cada año un peaje en función del número de vehículos que circulan por la vía. La constructora pide compensaciones porque circulan menos de los previstos. | S. Cases

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El Consell de Mallorca se enfrenta a una amenaza económica que va más allá de hacer frente a las necesidades económicas de las empresas mallorquinas por culpa de la COVID-19. Tiene un problema latente que puede originarle un grave problema financiero si los tribunales deciden que debe pagar los 183 millones de euros en reclamaciones judiciales que han presentado diversas empresas que se han sentido perjudicadas por la institución.

La Sindicatura de Comptes alerta de esta amenaza en su último informe de fiscalización a la institución que preside Catalina Cladera: no hay dinero reservado para hacer frente a esos pagos –el Consell había reservado 5,2 millones de euros–, si bien al mismo tiempo precisa que es improbable que todas las sentencias derivadas de estos litigios vayan en contra de los intereses de la institución mallorquina.

La reclamación más importante procede de MAC Insular, la empresa concesionaria de la eliminación de escombros y residuos voluminosos. La empresa reclama al Consell 84,4 millones por el restablecimiento del equilibrio económico-financiero. Entre otras cuestiones, considera que la institución no ha tomado medidas para hacer cumplir su normativa y que los residuos de demolición que se generan en Mallorca lleguen a sus instalaciones, algo que le ha provocado un gran quebranto económico.

En el Supremo

Los tribunales de primera instancia rechazaron la petición de la empresa, pero ésta elevó el caso el Tribunal Supremo, que será quien resuelva. Por esta razón, la Sindicatura cree que el riesgo real es mucho menor y lo tasa en apenas 1,6 millones de euros.

Otra reclamación importante es la de la empresa concesionaria del túnel de Sóller, que pide 13 millones de euros por las pérdidas a futuro que le provocó el rescate de la concesión. En este caso sucede lo contrario que con MAC Insular porque el tribunal contencioso ha dado inicialmente la razón a la empresa y es el Consell quien ha recurrido la sentencia.

La concesionaria de la carretera de Manacor también ha planteado un litigio para reclamar el restablecimiento del equilibrio económico financiero. Pide más de un millón de euros porque las previsiones de paso de vehículos fueron muy superiores a las reales. La empresa se hizo cargo de la obra y, a cambio de ello, cobra una cantidad por cada coche que pasa, pero llegó la crisis financiera de 2008 y la movilidad se redujo debido a la caída de la actividad económica y por eso la empresa pide compensaciones.

Sobre esta carretera hay una investigación penal, por lo que los tribunales han dicho que debe resolverse esta cuestión antes de abordar las indemnizaciones.

La petición de indemnizaciones por la protección del territorio no son amenaza

Una de las conclusiones relevantes a las que llega el informe de la Sindicatura de Comptes es que las peticiones de indemnización de las empresas promotoras por la protección del territorio ya no son una amenaza. El informe detalla que la asesoría jurídica del Consell ha informado de que se han dictado varias sentencias favorables al Consell o bien estiman parcialmente la demanda y le condenan a pagar los costes de urbanización, pero no la pérdida de aprovechamiento. La Sindicatura cree que estas sentencias pueden marcar tendencia en próximas resoluciones judiciales de asuntos que aún quedan pendientes, por lo que no cree que haya una especial amenaza. El Govern sí ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias por desclasificaciones hechas en el segundo Pacte de Progrés.