El presidente de la Audiencia, Diego Gómez-Reino (d), en una imagen de archivo. | Redacción Ibiza

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegido este jueves al magistrado Diego Jesús Gómez-Reino Delgado como presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, cargo para el que fue nombrado en 2015.

En una nota de prensa, el CGPJ ha explicado que como candidato único al puesto, Gómez-Reino ha obtenido 18 de los 21 votos del pleno. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en blanco.

El reelegido presidente de la Audiencia Provincial de Baleares ingresó en 1991 en la Carrera Judicial, siendo su primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Betanzos, en A Coruña.

Tras ascender a magistrado en 1994, obtuvo destino en el Juzgado de los Penal número 1 de Ibiza, para servir posteriormente en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma y en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.

En 2001 y 2005 fue titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Palma, que compatibilizó con una comisión de servicios en el juzgado de vigilancia penitenciaria de la capital balear; y en diciembre de 2005 se incorporó a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, de la que se convirtió en presidente en junio de 2013.

El pleno también ha reelegido a Antoni Oliver como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), cargo que viene desempeñando desde 2015. Candidato único al puesto, ha obtenido 18 de los 21 votos del Pleno. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en blanco
Oliver ingresó en la Carrera Judicial en 1986 y tuvo sus primeros destinos en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Fregenal de la Sierra (Badajoz) y Manacor (Mallorca).

En 1989 obtuvo la plaza de titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y al año siguiente la del Juzgado de lo Social número 1 de Palma, donde permaneció hasta 2004, cuando se incorporó a la Sala de lo Social del TSJIB.

El magistrado ha formado parte del grupo de analistas de sentencias del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y ha sido director del Foro Aranzadi Social de Baleares. Oliver también ha trabajado de profesor asociado del Departamento de Derecho Público de la Universitat de les Illes Balears (UIB) desde 2008 a 2019.

Entre 1992 y 2007 también fue profesor de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Palma, en la que impartió las asignaturas de Derecho Procesal Laboral y Derecho de la Seguridad Social.

De este modo, el pleno del CGPJ, ajeno a la reforma instada por el Gobierno para limitar sus capacidades estando en funciones, ha realizado este jueves siete nombramientos en la cúpula judicial con un amplio consenso de 18 de los 21 miembros de este órgano, han informado a Europa Press fuentes de este órgano.

Los nombramientos realizados lo son en la Sala de lo Social del TSJIB; de las audiencias provinciales de Cantabria, Granada, León, Navarra, Baleares y Ciudad Real.

Así, el órgano de gobierno de los jueces sigue con su actividad habitual, pese a la tramitación en el Congreso de los Diputados de la propuesta de Ley de los grupos del PSOE y Unidad Podemos dirigida a limitar algunas atribuciones del CGPJ cuando éste se encuentre en funciones, como es el caso. Entre las funciones a las que se refiere la reforma están los nombramientos.

El pleno se ha celebrado después de que la Comisión Europea haya manifestado, ante una cuestión planteada por Ciudadanos que el Gobierno de coalición debe evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea «vulnerable a la politización», en relación a la primera intención del Ejecutivo de reformar la cuota parlamentaria necesaria para nombrar a los vocales del Poder Judicial. Además, Bruselas apunta la recomendación de que, al menos la mitad de los miembros del CGPJ, sean jueces elegidos por sus propios compañeros.

Según la UE, cualquier futura reforma debe tener en cuenta los estándares europeos en aras de la independencia judicial. Y reitera que cualquier reforma se haga contando con la oposición y actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia. Además desliza la recomendación de que, al menos la mitad de los miembros del CGPJ, sean jueces elegidos por sus propios compañeros.