El exsenador Antoni Manchado en los juzgados en 2016. | Jaume Morey

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El ‘caso Multimedia’ llega a las puertas del juicio seis años después de su inicio. La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Palma ha dictado auto de apertura de juicio oral contra dos exdirectores generales del Govern y otras nueve personas por un fraude que la Fiscalía estima en 400.000 euros y por el que pide penas que suman 142 años de prisión.

El auto notificado ahora a las partes zanja la investigación en torno a la empresa pública Multimedia por hechos que ocurrieron entre los años 2008 y 2011. Además de la Fiscalía también ejerce la acusación la Abogacía de la Comunitat. Este organismo considera que existieron delitos de fraude y de malversación en una serie de contrataciones llevadas a cabo por los entonces directores generales José Antonio Santos y Antoni Manchado, este último fue más tarde senador por el PSIB-PSOE. La administración autonómica reclama para ellos penas que suman ocho años de prisión a cada uno y ya reconoce un atenuante por el retraso acumulado por la causa durante la instrucción. El resto de acusados: funcionarios públicos y los empresarios que recibieron los contratos de la administración, afrontan penas menores. Entre ellos está el histórico exconcejal del PSOE en Calvià Francisco Cano, que trabajó en varias de estas contrataciones y para quien el Govern reclama dos años de prisión.

La principal diferencia entre la calificación de la Fiscalía Anticorrupción y el del Govern es que el primero establece una especie de ‘tarifa plana’ para todos los acusados y apenas gradúa las peticiones de prisión. También incluye todos los contratos que se investigaban desde un primer momento. El Govern sí considera que algunos de los trabajos contratados se llevaron a cabo o que no fueron plagios directos como se sospechaba en un inicio.

Fiscalía

Así, la Fiscalía eleva las peticiones de pena hasta los 17 años de cárcel por delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil para los dos antiguos directores generales y también reclama 14 para Cano.

Multimedia fue una empresa pública que dependía de las Consellerias de Presidencia y de Economía. Las acusaciones coinciden en que fue empleada de forma sistemática para beneficiar a afines con la adjudicación de contratos menores o negociados sin publicidad. Se contrataban estudios que en algunos casos eran plagios, trabajos presentados para otros departamentos o documentos inútiles para la administración.

Los acusados defendieron la utilidad de todos los trabajos

Durante la instrucción de la causa, los ahora acusados en el ‘caso Multimedia’ defendieron la utilidad de los trabajos para la implantación de la televisión digital terrestre en Mallorca y el resto de Balears. En concreto, Manchado justificó la existencia de trabajos de coordinación con los distintos municipios. A partir de ahora, se abre el plazo para que las distintas defensas planteen sus conclusiones provisionales y después, la causa llegará a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, que todavía tardará meses en producirse. La causa se inició en el año 2014 en plena tormenta de casos de corrupción en los juzgados de Palma.