Los funcionarios han iniciado protestas contra el recorte salarial. | Jaume Morey

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-La Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra la decisión del Govern de recortar un 2 % el salario del personal público de Baleares.

La medida afecta las 38.000 personas que aproximadamente trabajan para la comunidad autónoma, ha recordado UGT en un comunicado. El recorte del salario del personal público de Baleares se materializó con un acuerdo del Consell de Govern del pasado 7 de agosto, que aprobó el incremento del 2 % de las retribuciones básicas, sueldo base y trienios, pero a la vez redujo en ese mismo porcentaje las retribuciones complementarias, que están vinculadas al puesto de trabajo y categoría, y sobre las que tiene competencia el Govern balear, ha detallado el sindicato.

FeSP-UGT considera que la medida impuesta por el Ejecutivo autonómico «incumple los principios de buena fe y seguridad jurídica» y que, por tanto, «se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva».

La organización sindical recalca que el personal público autonómico de Baleares es «el único de todo el Estado al que no se le ha actualizado el salario un 2 % en 2020», tal como estaba acordado y contemplan los Presupuestos Generales del Estado de este año.

El recurso de FeSP-UGT no hace mención al segundo recorte que quiere implantar el Govern balear sobre su personal público, el del 0,9 % para 2021, porque aún no hay norma ni acto administrativo concreto contra el que actuar jurídicamente.

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Frente a la decisión del Gobierno central de incluir en el proyecto de los Presupuestos para 2021 una actualización salarial del 0,9 % para el personal público, el Ejecutivo autonómico, «tras limitarse a informar a las fuerzas sindicales de que no la aplicaría», el pasado 30 de octubre, «ha incluido este segundo recorte en el proyecto de las cuentas de la comunidad autónoma».

FESP-UGT ha lamentado que, de esta forma, «el Govern balear ha decidido de manera unilateral recortar un 2,9 % el salario a los trabajadores de la Administración balear».
La central sindical ha calculado que el recorte del 2 % supone de media unos 1.000 euros anuales a cada trabajador público de la comunidad en 2020, a lo que habría que sumar unos 475 euros por la rebaja del 0,9 % planeada para 2021.

«Quieren incautar de media unos 1.500 euros a cada uno de los 38.000 trabajadores dependientes del Govern balear», se queja FeSP-UGT, que insiste en pedir una negociación al ejecutivo que preside Francina Armengol, «para establecer un calendario de pago de obligado cumplimiento cuando la situación económica de la comunidad mejore».

FeSP-UGT emplaza al Govern balear a convocar la Mesa general de Empleados Públicos para «reconducir la situación» y «poder llegar a un entendimiento» que evite los recortes salariales del personal público de la comunidad.

El sindicato ha advertido de que «nunca aceptará decisiones unilaterales de un gobierno, sea del color que sea, que no de voz a los interlocutores sociales». Mientras tanto, los sindicatos mantienen la convocatoria de movilizaciones contra los recortes salariales del personal público el día 23 convocan una concentración a las puertas del Hospital de Son Espases, y el 30 de noviembre frente a la Conselleria d'Educació.