Una profesional ofrece un taller de sexualidad a jóvenes tutelados. | Archivo UH

Desde que el pasado mes de enero el Consell de Mallorca reconociera hasta 16 casos de explotación sexual entre las menores que están bajo su tutela, llegando incluso a ser una noticia de debate nacional y desembocando en la creación de una comisión de expertos, ha habido más casos.

Este miércoles se conoció el informe del comité en el que, lejos de dirimir responsabilidades, se buscó cómo atajar el problema en un futuro. Según su coordinadora, Noemí Pereda, porque «el hecho de estar en el sistema de protección de menores no evitará cualquier problemática». En el informe, aseguró esta experta, «analizamos si una vez producidos los casos se había actuado bien y también se da pie a la modificación de los protocolos de prevención», si bien, «nuestra intención es llegar al nivel cero de violencia, la verdad es que se sigue produciendo», dijo.

Aún así el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) no quiso desvelar cuántos nuevos casos se han dado y remitió a los interesados a consultar la memoria de 2020 cuando se publique lo que indignó a la oposición. «¿No maneja estos datos o no nos los quiere decir? Porque es gravísimo, que levante la bandera de la transparencia», advirtió la portavoz de Cs, Beatriz Camiña, que acusó al IMAS de ser «incapaz de gestionar esta competencia».
La portavoz del PI, Xisca Mora, criticó que «si ir a un centro de menores tutelados no te protege al 100 % ¿por qué los llevan? A mí no me consuela que detecten problemas, sino que refuercen las actuaciones para evitarlos y den un máximo de garantías», dijo. Mora pidió además que se ayudara a los servicios sociales de los municipios, tras acusar al IMAS de quitarse las responsabilidades de encima en las valoraciones de menores con problemas. «Ahora las tendrán que hacer desde los ayuntamientos sin que tengan una formación específica», lamentó.

Del grupo popular, Catalina Cirer, recordó que la comisión de expertos se creó tras reconocer un problema de explotación en los centros del IMAS y «hoy, el origen, queda al margen». Cirer se quejó de no saber cuántas veces se ha reunido este comité ni del coste económico que ha tenido y además denunció que «han generalizado una problemática restando importancia a lo que ha sucedido en Mallorca».

Por su parte, Toni Gili, de Vox, acusó al presidente del IMAS, Javier de Juan de haber «disparado el último bote de humo para tapar un escándalo» y destacó que «no han ido a la raíz del problema».

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No es fácil

Según la experta en infancia de riesgo Noemí Pereda, la explotación sexual «es multicausal» y resulta complejo buscar sus soluciones concretas. En el informe presentado se quiere dirimir cómo se producen los casos, actualizar los protocolos y dar a conocer pautas para quienes conviven, como sería controlar mejor la salidas y crear un centro especializado para casos implicados, «con la aprobación de la Fiscalía».

Pereda destacó que Baleares es una comunidad «pionera» en hacer «visible» una problemática que «afecta a todas las autonomías», mientras que aseguró que se encontraron con un muro cuando pidieron datos relacionados al resto de regiones. «Sólo Madrid y Menorca han colaborado», confesó.

La incidencia de violencia y abusos en menores ha crecido en todo el país y Mallorca «es pionera en indicación de factores de alto riesgo», admitió. Éstos son que el menor haya tenido problemas intrafamiliares, que tenga dificultad para establecer nuevos vínculos o se detecten muchas fugas en sus antecedentes. «Estos niños presentan falta de afecto y lo que hacen es buscar respuesta en los captadores que tratan de cubrir las carencias. A veces se autodenominan padre o hermanos, dando una falsa idea de familia», explicó Pereda.

El presidente del IMAS, Javier de Juan, reconoció que éste no es un problema puntual y que la intención del Consell de Mallorca es afrontarlo. De Juan insistió en que la comisión de expertos era la mejor fórmula porque aporta soluciones y se hace una visión crítica del funcionamiento del sistema, algo que no correspondería a una comisión política, como la que solicitaba la oposición, en la que sí se buscaría a los responsables de la gestión.