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El PP balear ha registrado este miércoles una batería de medidas para combatir la ocupación ilegal, entre las que reclama que la Policía pueda desalojar una vivienda en un plazo de 24 horas, que se refuerce el delito de usurpación, y que un inmueble ocupado no pueda tener la consideración de morada o domicilio.

El presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Biel Company, ha presentado en rueda de prensa una Proposición No de Ley registrada por su grupo para reclamar medidas destinadas a combatir la ocupación ilegal de viviendas y garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social, en la misma línea de la iniciativa presentada en el Congreso en julio, solicitando un cambio de la normativa.

«Un sector del espectro político balear y español de izquierdas, unos por acción como Podemos, y otros por omisión como PSOE y MÉS, parece haberse posicionado a favor de la ocupación de viviendas», ha opinado Company quien ha considerado «vergonzoso que en un país serio haya que aclarar la confusión intencionada, o malintencionada, que se ha creado en este asunto».

Así, en su iniciativa, el PP balear reclama, de igual modo que han hecho a nivel nacional, que la Policía pueda desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo exprés de 24 horas, «sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora"; o que se refuerce el delito de usurpación, «pasando de una simple multa actual» a pena de privación de libertad de uno a tres años. Además, el PP desea que la ocupación de inmuebles no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal.

La iniciativa, que consta de siete puntos, también recoge pedir al Govern que habilite un número de teléfono gratuito que permita a los ciudadanos de Baleares denunciar posibles ocupaciones ilegales o intentos de ocupación y que permita dar asesoramiento para que los legítimos propietarios o usuarios legitimados de una vivienda, puedan actuar contra la ocupación ilegal.

Company ha explicado que, «al trasladar estas medidas al debate en el Parlament en forma de PNL, para su votación por parte de los diferentes grupos con representación en la Cámara, éstos tendrán que retratarse, especialmente el PSOE de la presidenta Francina Armengol, que da cobijo en su Govern a grupos que defienden e incitan a la ocupación».

«Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se priva de un derecho que tiene amparado en la Constitución. No puede ser que estas políticas de izquierda se basen en considerar la ocupación ilegal como una solución válida para afrontar otro problema, como es la dificultad del acceso a la vivienda para algunas personas», ha dicho Company.