El fiscal delegado de Menores, José Díaz Cappa reprocha en su parte de la memoria a «ciertas instituciones» que hayan «obviado de forma interesada, en ocasiones, aquella parte esencial relacionada con lo que debió seguir haciéndose con las menores». Es decir que dieran por concluida su tarea comunicando la existencia de un posible caso a la Fiscalía y descuidaran la vigilancia de las menores afectadas. «La mera actuación desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, los juzgados o la Fiscalía no supone, tras el retorno de la menor que la entidad pública siga implementando todos los recursos materiales, educativos, sociales, familiares, personales o de cualquier otro tipo que incidan en la posibilidad de evitar ese tipo de situaciones o en la posible receptividad del menor a verse embaucado a ellas».
La memoria reprocha que: «Quizá el desconocimiento de las funciones de la Fiscalía en esta materia ha podido ser el motivo para, en varias ocasiones y de forma gratuita y poco informada, emitir mensajes en tono de cierta desconsideración hacia la institución o hacia algunos de sus representantes».
Episodios
Uno de los episodios que pone como ejemplo es la no asistencia del ministerio público a una reunión de coordinación sobre prostitución infantil. En la memoria se recuerda que estas participaciones están limitadas por directrices de la Fiscalía General.
El informe incide en la existencia de listas de espera para el acceso a los centros de reforma para medidas de internamiento. «Tal circunstancia, derivada de la falta de plazas vacantes en los centros no puede mantenerse». Denuncia que el retraso en el cumplimiento provoca problemas como la comisión de nuevos delitos y reclama la puesta en marcha de un centro de protección específico para menores con problemas de conducta.
La Fiscalía de Menores denuncia que la norma que permite la existencia de este tipo de centros está en vigor desde hace cinco años «sin que se haya proveído su creación». Algunos menores han sido derivados la Península.
