El alquiler en Palma sigue siendo de difícil acceso para una parte de la población. | Archivo UH

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Para alquilar un piso ahora hay que presentar casi un perfil digno de la red profesional Linkedin. Los futuros inquilinos no solo se enfrentan a precios altos, enquistados casi, sino a las exigencias laborales de los propietarios. Aquellos que están en ERTE, paro o que trabajan en el sector turístico lo tienen aún más difícil dada la coyuntura.

Los anuncios son claros. «Ideal para empleados de sanidad y estudiantes. Disponible en octubre de 2020», reza un anuncio de un piso en la zona de Bons Aires de más de 100 metros cuadrados y por 1.200 euros. El inquilino tiene que desembolsar además 3.600 euros más IVA para entrar: mes corriente, fianza y un mes de agencia.

«Apartamento para ‘singles’. Ideal para trabajadores desplazados en Mallorca. Profesionales del sector náutico, profesores, personal sanitario». ¿El precio? 750 euros por 50 metros cuadrados, a los que hay que sumar 325 euros de agencia y 600 de fianza.
«Ideal para parejas. Se pide solvencia demostrable, contrato fijo y nóminas». 650 euros por 50 metros cuadrados, más terraza de 18 metros y fianza de 1.300 euros.
El añadido «imprescindible referencias laborales estables» parece un requisito difícil de cumplir en estos tiempos.

Fenómeno

A este fenómeno nuevo se suma el precio del alquiler de la vivienda. Si el salario medio de Baleares es de 1.255 euros al mes neto, se deberían destinar 414 euros al mes, es decir el 33 por ciento recomendado. Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado está a 11,6 euros, 13 si es el Casc Antic. Así que destinando 414 euros a vivienda, un inquilino puede acceder a 36 metros cuadrados en Palma o 32 metros en Ciutat Antiga.
Sin embargo, esto son solo medias. Según la Agencia Tributaria, tres de cada diez trabajadores baleares no cobraron más de 736 euros mensuales en 2018 y la mitad de los asalariados no superó los 1.500 euros. Acceder a un piso de 900 euros, pues, se hacer harto difícil.

Estas nuevas peticiones laborales son confirmadas por Carlos Vallejo, de CVReal Estate. «Los propietarios buscan que no les afecte la morosidad, pidiendo a los arrendatarios que sean sanitarios, funcionarios o personal estable. La morosidad llegó al 30 por ciento y los inquilinos han tenido que negociar la deuda». El precio del alquiler «ya ha bajado solo un 5 por ciento. Hay más demanda que oferta, da igual la pandemia».

Estas condiciones «son paranoia del propietario. Buscan garantías del 100 por cien pero la gente tiene pájaros en la cabeza. Las cosas valen lo que valen y ahora el precio del alquiler está inflado un 30 por ciento. Pisos de 50 metros cuadrados que se alquilan a 850 euros deberían valer 550. Ahora la gente tiene que ser un poco flexible y con la morosidad del confinamiento han bajado un poco los precios», dice con contundencia Vallejo.

Garantías

Por su parte, Flor Comas, tesorera de ABSI y propietaria de Asesoría Industria, confirma que «los propietarios piden garantías de arrendatarios que pueden pagar. No piden funcionarios pero sí ingresos demostrables y contratos de empresas con solvencia. ¿Qué ocurre con los trabajadores en ERTE y en paro, que han llegado a ser 226.346 personas en Balears? «El propietario busca seguridad financiera y prefiere funcionarios», insiste Clavijo, aunque reconoce que «no hay funcionarios suficientes para tantos pisos». El agente insiste en que estos requisitos son peticiones expresas de los propietarios.

En la misma línea va Comas. «La gente que está en ERTE tiene un serio problema para alquilar, así como los fijos discontinuos del sector turístico o los que han sido despedidos de manera temporal». En Palma es una tarea imposible «si no conoces a alguien. Aunque antes de todo esto ya se pedía contrato fijo a través de la inmobiliaria».

Eso sí, en esta crisis sanitaria que ha conllevado al desplome de los ingresos «los arrendadores han negociado y la gran mayoría han bajado el precio del alquiler un 30 por ciento a fondo perdido. Otra opción es bajar la cantidad a pagar cada mes y negociar el pago del alquiler pendiente a final del contrato. Hay muchos arrendadores que viven de este alquiler», dice Clavijo. Así, hay pisos que «han pasado de 750 euros a 600 por lo que queda de contrato. Es un acuerdo entre partes».

Los precios de alquiler, según los cálculo de Comas, han bajado un 10 por ciento, «pero no lo suficiente. Antes había tanta demanda que la oferta estaba ajustada. Cuando ponemos un anuncio, la gente viene a verlo con nóminas y contratos e intenta demostrar capacidad de pago».

Las tornas han cambiado tanto que «antes, cuando poníamos un anuncio recibíamos 100 llamadas en un día y poníamos a una persona solo para contestar al teléfono. Ahora apenas recibimos llamadas», informa la tesorera de ABSI.

También se pide antes de entrar en un piso «hasta tres meses de adelanto más los honorarios de la agencia en pisos de 900 euros por una habitación. Pero esto no es lo normal. Lo normal son pisos de 800 euros con 3 habitaciones, con dos meses por adelantado si está amueblado».

Otra opción que se extiende es el alquiler de corta duración, amparados en la modalidad de alquiler distinto al uso de vivienda habitual según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para aquellos que buscan una nueva vivienda mientras dura la pandemia en busca de una opción más desahogada en caso de un nuevo confinamiento.

Mudanza

«Mucha gente quiere dejar su piso en la ciudad y hacen contratos de 10 meses en casas con jardín y en la naturaleza. Las casas con terrenos están funcionando muy bien», señala el responsable de CVReal Estate. Entre este tipo de clientes hay «madrileños e incluso extranjeros que temen un nuevo confinamiento y quieren contar con más espacio», señala Clavijo.

En cuanto al alquiler de larga duración, «la demanda es brutal, pese a que la vivienda vacacional ha entrado en el mercado. Entre los motivos de la llegada de estos nuevos inmuebles se debe a que «solo se ha facturado un 15 por ciento respecto a 2019», cuenta Clavijo. Para aquellos que no pueden acceder a un alquiler, una opción más asequible es la compra, «con mensualidades de 450 o 500 euros. Pero en este caso el comprador debe adelantar el 30 por ciento. Son unos 40.000 euros como mínimo y se dan hipotecas solo a perfiles determinados».

En este caso, el precio de compra ha bajado un 10 por ciento pero «todo lo que vale más de 200.000 euros está muerto». En cuanto a los locales «el precio de compra se ha desplomado un 40 por ciento. Entre la COVID y Amazon, que ha cambiado las costumbres de compra del consumidor, ya no los quiere nadie».