En el pico de la pandemia fue necesario tomar el control de las residencias de la tercera edad. | M. À. Cañellas

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Las residencias de Baleares tendrán que tener más personal sociosanitario con la finalidad de frenar la propagación del brote del nuevo coronavirus. Así lo ha aprobado este viernes el Consell de Govern.

La consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, ha explicado que se ha aprobado un decreto ley que amplía las ratios de sociosanitarios con la necesidad de dar respuesta a las nuevas necesidades provocadas por la pandemia.

En concreto, se incrementa la ratio de cuidadores de los 28 actuales a 33 por cada 100 residentes, lo que supone un aumento del 15 %. De este modo, se produce un aumento del personal de las residencias, que pasa a ser de 52 trabajadores a 57; se trata de un 9,6 % más.

Santiago ha destacado que «este decreto ley reforzará, especialmente, el día a día de las residencias privadas y concertadas, porque en los centros públicos las ratios están por encima de lo establecido en la legislación vigente».

Para asegurar el cumplimiento de las ratios, los titulares, directores o responsables de las residencias están obligados a comunicar a los servicios de inspección de la administración competente (en este caso, los consells insulars) la relación nominativa diaria del personal de que disponen, así como de su jornada, en la forma, según el modelo y de acuerdo con la periodicidad que cada administración determine.

Para garantizar la viabilidad de las plazas concertadas de la Red Pública de Atención a la Dependencia, se revisarán los conciertos y convenios vigentes. De este modo, el Govern pasará de abonar 64,49 euros al día por cada plaza concertada para personas dependientes de grado II a 67,14 euros al día, un 4,11% más. En el caso de las personas con grado III, ahora se abonan 68,61 euros al día por plaza concertada y se estima que se pasará a 71,26 euros al día, un 3,86 % más.

Más recursos económicos

La consellera d'Afers Socials ha avanzado que «la intención es subir la aportación en 2,65 euros al día por cada una de las plazas que la Administración tiene concertadas con el sector privado o que son objeto de convenio con los ayuntamientos». De este modo, el Govern y el Consell de Mallorca destinarán más de 1.105.000 euros a mejorar los ratios de los sociosanitarios para plazas concertadas u objeto de convenio, «con el objetivo de ofrecer a los usuarios más garantías y una asistencia mejor».

Además, este decreto ley tiene un segundo punto que amplía el período transitorio para que los perceptores actuales de la renta social garantizada (RESOGA) puedan solicitar el ingreso mínimo vital en el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre.

El Decreto de 12 de junio que regula todas las prestaciones económicas de Baleares establece que todos los que no hayan solicitado el ingreso mínimo vital dejarían de percibir la RESOGA el 1 de septiembre. Ahora, con esta modificación, se alarga el periodo un mes más (hasta el primero de octubre), porque hay unas 600 titulares de RESOGA y renta mínima de inserción (RMI) que, por diferentes motivos, no han podido hacer la solicitud.

Aprobado el gasto de 4,2 millones para el Servei de Salut

Por otra parte, el Consell de Govern también ha aprobado el gasto de 4,2 millones de euros por parte del Servei de Salut para las contrataciones de emergencia de suministro y servicios.

De ellos, 3,6 millones son por la derivación de pacientes afectados por la COVID-19 al Hospital Sant Joan de Déu. Además, se han adquirido equipos médicos para el Centro de Salud Canal Salat (Ciutadella), se ha llevado a cabo la contratación del servicio de las gestiones necesarias y los trámites aduaneros para la adquisición en China de una parte de los materiales sanitarios.

Estas contrataciones de emergencia están relacionadas con el tratamiento de la pandemia debido a la necesidad concreta de disponer de determinados equipos y servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta en la lucha contra la COVID-19.