Mallorca suspende en la ITV de sus edificios

A la espera de esta norma autonómica, recordemos que llega con retraso, son los municipios los que tienen que velar porque se cumpla. Y, a día de hoy, este es el panorama: solo tres ayuntamientos mallorquines –Palma, Marratxí y Manacor – han hecho los deberes y tienen una ordenanza IEE en marcha, mientras que el Consistorio de Inca ha comenzado a redactar esta misma semana su reglamento. En el resto de Islas, más de lo mismo: solo Vila y Santa Eulàlia, en Eivissa, y Ciutadella, con su antigua ordenanza ITE derogada, en la isla de Menorca, tienen una normativa aprobada. En este sentido, Ignacio Salas, presidente del Colegio de Arquitectos de las Islas (COAIB), llama la atención sobre la «necesidad» de que el parque inmobiliario ubicado en zonas de costa, edificios antiguos y propensos a sufrir más deficiencias por su ubicación y la climatología adversa, pasen la evaluación.

¿Pero en los municipios donde la IEE está en vigor se cumplen los plazos? Hay de todo. Y como señala Ignacio Salas, «aún hoy los técnicos encargados de estos informes no reciben excesiva ayuda de los propietarios. Nos encontramos muchas veces con problemas para acceder a las viviendas o a los locales comerciales y, por lo tanto, muchas evaluaciones resultan parciales», lamenta el presidente del COAIB.

De la ITE a la IEE

Si no tienen ni idea de a qué nos referimos cuando hablamos de IEE, podríamos decir que, al igual que la ITV de los vehículos a motor, los edificios deben aprobar cada cierto tiempo su estado de salud, mediante el Informe de Evaluación de Edificios (IEE), la norma evolucionada de la antigua ITE. Así, esta, además de dar el visto bueno al estado de conservación del inmueble, incluye también un estudio del grado de eficiencia energética del inmueble, la accesibilidad, así como sus condiciones acústicas (un punto que no es obligatorio, pero sí recomendable).

¿Cuáles son los principales defectos que pueden hacer que un inmueble reciba un informe desfavorable? «Los habituales pasan por carpinterías obsoletas, barandillas que no cumplen la normativa de altura, humedades, así como problemas en los forjados, balcones y voladizos», enumera Salas. En este sentido, Pau Bonet, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, critica que en Mallorca no se haga el «suficiente mantenimiento» de los inmuebles. «Es una asignatura pendiente», recalca.

1 de cada 4

En Palma, casi el 70 % de las parcelas catastrales edificadas se construyeron antes de 1979, el 25 por ciento entre 1980 y 2006 y solo un 6 % a partir de esa fecha; es decir,
nos encontramos con un parque inmobiliario maduro. Y diez años después del derrumbe del número 19 de la calle Rodríguez Arias, los palmesanos parecen haber perdido el
miedo a otro episodio similar. Los números cantan: los días y meses posteriores a la tragedia de Camp d’en Serralta trajeron consigo una psicosis tal que las líneas de la Gerencia de Urbanisme de Palma se mantuvieron literalmente colapsadas durante semanas por miedo a grietas sospechosas, humedades preocupantes, temblores ficticios,
petición de información y prisas por conocer la durabilidad de sus fincas. Mientras que los datos de inspecciones obligatorias de inmuebles realizadas en Ciutat han sido
estables hasta hace un par de años, ahora parece que las comunidades de vecinos tienen más miedo a pagar la minuta de los profesionales que a conocer a ciencia cierta el estado de conservación de sus fincas.

¿Por qué? El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares lamenta que falte «concienciación» de los propietarios. Muchos se niegan a pagar la tasa por vivienda de la IEE (entre 50 y 150 euros de media) si hay un vecino moroso. «Mejor pagar primero
el informe que la sanción de 600 euros a Cort por no cumplir los plazos. Al moroso ya se le cobrará después», aduce Pau Bonet, al tiempo que intenta meter en la cabeza de
los propietarios que «no cumplir con la normativa no es un gasto, es una inversión de futuro». Por su parte, Neus Truyol, teniente de alcalde de Modelo de Ciudad del Consistorio palmesano, advierte de la importancia de realizar las IEEs, achaca los bajos datos de evaluaciones realizadas al «desconocimiento» de los residentes, al tiempo que recuerda las líneas de subvenciones que ofrece el Consistorio dirigidas a «dignificar» los barrios de Camp Redó, Son Gotleu y Verge de Lluc. En total se han invertido 760.000 euros en 47 comunidades de vecinos, que se han beneficiado de una subvención para la rehabilitación de fachadas y la adecuación y limpieza de espacios comunes».

La desidia vecinal ha terminado de cristalizar este curso cuando –según cifras facilitadas por el Ajuntament de Palma– solo 1 de cada 4 inmuebles de Ciutat construidos antes de 1969, y obligados a realizar este año el Informe de Evaluación de Edificios (IEE), ha entregado el informe preceptivo en las oficinas de Urbanisme. Peores cifras presentan los edificios de Palma construidos antes de 1900 y/o catalogados: de los 2.461 obligados este 2019 a acreditar su buen estado de salud, a día de hoy solo 222 han cumplido con el requisito. Lo curioso de esta cifra es que muchos de estos inmuebles pueden ser públicos y depender de las instituciones y ni siquiera ellos cumplen. Nunca mejor dicho: ‘En casa del herrero, cuchillo de palo’.