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La portavoz parlamentaria del PSIB, Silvia Cano, ha defendido que el documento del decreto ley de Vivienda «estaba hablado y consensuado» en el seno del Govern. Si bien, ha matizado, que «hay de margen toda esta semana para seguir negociando y terminar de pulirlo», después de las declaraciones sobre este tema hechas por MÉS per Mallorca y Podemos.

Según ha informado Cano este lunes en rueda de prensa, el decreto ley de medidas urgentes de Vivienda responde a la voluntad de los acuerdos de Bellver de poner en marcha medidas para limitar el precio del alquiler y pretende dar respuesta a «mucha gente» de clase media que no entra en el perfil del Ibavi pero tampoco en el mercado libre por los precios «desorbitados» del mismo.

En este sentido, Cano ha añadido que «se debatirá en el Consell de Govern de este viernes» y ha confiado en que «cuente no solo con el apoyo de los socios de gobierno del pacte, sino también del resto de fuerzas parlamentarias porque es una cuestión de estado para esta comunidad autónoma».

Por otro lado, la portavoz parlamentaria del PSIB, Silvia Cano, ha explicado que la formación votará en contra de las propuestas de Cs y Vox de crear comisiones de investigación para esclarecer lo ocurrido en los casos de explotación de menores tutelados en Mallorca.

A este respecto, Cano ha defendido que existe una comisión de expertos en el Consell de Mallorca, que es «multidisciplinar e interinstitucional». Será ésta, ha insistido, quien deberá decir qué ha fallado y qué medidas adoptar de cara al futuro.

Asimismo, ha recordado que «Fiscalía y Policía ya tienen en marcha sus propias investigaciones» y ha criticado que «la derecha y la extrema derecha se han instalado en la política de pedir dimisiones», acusándoles «de no ser constructivos y querer sacar rédito de una situación que es muy grave».

Por último, la portavoz parlamentaria del PSIB, Silvia Cano, se ha referido al debate acerca del Decreto Ley sobre medidas urgentes para impulsar el Parc Bit, al cual se ha referido como «muy positivo» porque «pretende la diversificación de la economía balear».

En este sentido, ha defendido que el Decreto Ley está motivado por un nuevo marco legal, la gran competencia nacional e internacional de carácter tecnológico y la necesidad de delimitar los usos del parque.