La causa llevaba paralizada tres años y ahora se inician los trámites para un juicio por malversación. | Jaume Morey

El ‘caso Multimedia’ que llevaba casi tres años dormido en el Juzgado de Instrucción 5 de Palma resucita y avanza hacia un juicio. La magistrada Ana San José ha dictado un auto en el que inicia los trámites para sentar en el banquillo de los acusados a ocho investigados, entre ellos el exsenador socialista Antoni Manchado. Les imputa una malversación de hasta 300.000 euros en una serie de contratos concedidos por la empresa pública Multimedia. Entre los beneficiarios de estos contratos menores está el exconcejal del PSOE en Calvià, Francisco Cano.

El auto de la magistrada considera que existen indicios suficientes de que Multimèdia otorgó contratos a dedo a personas afines al PSIB-PSOE entre los años 2009 y 2011, y apunta a que los investigados pudieron cometer los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. La resolución sostiene que algunos de los informes por los que se pagó por parte de la administración carecían de utilidad o que estaban directamente copiados en parte de internet. De hecho, en uno de ellos figura otro de la Casa Blanca.

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Las defensas del caso han pedido a la magistrada que deje sin efecto el auto de pase a procedimiento abreviado. Sostienen que, después del largo parón que ha sufrido esta instrucción se han encontrado con varios informes de los que no se les había dado traslado y que no han tenido opción de combatir. Estos recursos están ahora mismo pendientes de resolución. Multimèdia fue creada en 2006 por el Govern de Jaume Matas con el objetivo de desarrollar productos y servicios para la televisión y la radio, red de comunicaciones electrónicas y soportes multimedia. Entre 2009 y 2011 se centró en una serie de colaboraciones con municipios para la implantación y el desarrollo de la televisión digital terrestre que es la época objeto de investigación. La causa judicial arrancó tras una denuncia del Partido Popular y la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia en el año 2014.

Manchado, el principal cargo investigado, declaró en el año 2016. En ese momento negó que conociera cómo se llevaban a cabo al detalle las contrataciones pero sostuvo que los informes que se habían elaborado fueron de utilidad para las distintas administraciones.

La magistrada ha dado traslado a la Fiscalía y a la Abogacía de la Comunitat para que formule escrito de calificación y el caso llegue a juicio.