En la nota difundida este miércoles, las tres entidades exigen «una revisión profunda de las actuaciones de la institución y su funcionamiento, con el objetivo de aportar transparencia a sus procesos y mayores garantías a los menores sobre los que recaen sus decisiones y también a las familias afectadas la retirada injustificada de una gran mayoría de tutelas, una realidad que el IMAS ni ningún responsable político se ha atrevido a afrontar».
En este sentido, han recordado que «Serafín Carballo, ya advirtió en 2018 que las Illes Balears eran una de las comunidades autónomas con mayor índice de retiradas de tutelas por causas que tenían que ver con recursos económicos».
Las entidades también cargan contra algunos ayuntamientos, como «responsables de esta situación. Se ve día a día en como los servicios sociales municipales afrontan los casos de desahucio pudiendo ayudar a pagar deudas a las familias para evitar la situación de desahucio antes del plazo que concede la ley. Los centros tutelados de menores reciben miles de euros al mes por cada niño y niña ingresados en estas instituciones privadas».
