El bloqueo del Poder Judicial paraliza el relevo de Terrasa

El relevo de Antoni Terrasa en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia no tiene fecha por el momento, ni pinta de tenerla a corto plazo. Renovó su cargo por otros cinco años en enero de 2015 y el Consejo General (CGPJ) no ha convocado aún la plaza. Lo que podía ser un retraso administrativo se ha convertido en una paralización en toda regla después de que el Pleno del CGPJ decidiera el jueves suspender la tramitación de todos los procedimientos de selección que tenía abiertos: tres magistrados del Supremo, el TSJ de Canarias y la Audiencia de Girona.
El máximo órgano de gobierno de los jueces cumplió su mandato en diciembre de 2018 y desde entonces está en funciones. Para renovarlo es necesaria una mayoría reforzada en el Congreso y el Senado que en la práctica requiere un acuerdo al menos del PP y el PSOE y ese acuerdo es, aparentemente, imposible desde que saltaron por los aires las negociaciones en la anterior legislatura.
El pleno del Consejo emitió el jueves un comunicado en el que apunta que, tras la constitución de unas nuevas Cortes y un nuevo Ejecutivo confía en una «pronta renovación». Mientras tanto, suspende los procesos por los que elige a los responsables de los principales órganos judiciales. Señala que retomará esa función si en un plazo razonable no se desbloquea la situación política «a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia».
Así pues, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia queda en el aire. Terrasa, en el cargo desde el año 2004, ya ha anunciado que su intención es no volver a presentarse para el que sería su cuarto mandato. Para sustituirle en el cargo hay candidatos ‘oficiosos’ como los magistrados del TSJB, Carlos Gómez o Pedro Barceló y se espera la posibilidad de que la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en las Islas, pueda presentar alguna candidata. El cargo se elige por votación tras un proceso selectivo en el que los aspirantes tienen que superar una entrevista y una evaluación en Madrid.
Este no es el único cargo de gobierno que tiene que ser renovado este año. La presidencia de la Audiencia Provincial de Balears, que ahora ostenta Diego Gómez-Reino, también debe ser renovada por el Consejo General del Poder Judicial, si bien ese mandato expira dentro de unos meses.