«Durante los dos años que yo estuve de consellera tuve constancia de un caso entre una educadora y un chico mayor de edad», relató Fernández en declaraciones a este periódico. «Enseguida que lo detectamos, si no lo recuerdo mal en 2014, se le abrió el correspondiente expediente disciplinario a la trabajadora», añadió.
La exresponsable de Família i Benestar Social explicó que en aquel momento y con el objetivo de actuar con la máxima imparcialidad, fueron los funcionarios de la Dirección General de Menores y no los de la Fundación s’Estel -entidad que gestiona los centros de reforma juvenil del Govern- los encargados de realizar todos los informes correspondientes, tanto psicológicos como técnicos, para así tomar las medidas más objetivas y adecuadas al respecto.
«El expediente tuvo su recorrido y finalmente, después de valorar los informes y la trayectoria de la educadora, se consideró que se le debía quitar la condición de tutora y cambiarla de centro», argumentó Sandra Fernández, al tiempo que añadía que no tenía conocimiento de que se hubiera producido ningún otro suceso de esta tipología a lo largo de los cuatro años que gobernó el PP (2011-2015).
Cabe recordar que en el periodo anterior fue Fina Santiago, la actual consellera de Afers Socials, la responsable política de los centros de reforma juvenil del Govern, aunque preguntada sobre esa época aclaró que no recuerda ningún otro caso similar.
Así, tras las dos últimas actuaciones de 2019, son seis los casos en los que se ha actuado frente a una conducta inapropiada de un educador social en un centro de reforma juvenil, ya sea Es Pinaret, Es Fusteret o Es Mussol. Cabe recordar que cinco de éstos fueron mujeres y uno, un hombre, y que en dos de los casos los hechos se calificaron como muy graves.
Educadores Sociales
La actual consellera, quien el lunes pasado confirmó a este periódico la mala praxis por parte de los educadores de los centros, incidió en la necesidad de reforzar la formación de estos profesionales. «No es lo mismo trabajar en un centro de ocio que en Es Pinaret», aseguró. Y destacó la creación de un postgrado en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) que facilitaba pasar horas de prácticas en los centros de justicia juvenil a cargo del Govern. En ete contexto, el Col·legi de Educadores Sociales de les Illes Balears (CEESIB) expresó este miércoles su preocupación ante a la noticia de la implicación de educadores en casos de conductas inadecuadas con menores en centros gestionados por el Govern y manifestó su apoyo a la labor que realizan este tipo de profesionales en los centros de reforma que «con los recursos y con el perfil de menores y jóvenes que atienden, realizan muy buen trabajo a pesar de las dificultades», señalaron.
Asimismo, la entidad condenó las conductas inadecuadas «aisladas» de algunos educadores que no cumplen con el Código Ético y Deontológico de la profesión y aseguró en un comunicado que «trabajamos y seguiremos trabajando conjuntamente con las administraciones e implicados para que estos hechos no se repitan».
El colegio profesional mostró su intención de incidir en la prevención, detección y denuncia de «estas lamentables conductas» desde el momento inicial de la formación de los educadores sociales en la universidad hasta el desarrollo de su labor en su puesto de trabajo.
