Llúcia Salleras, en la sede de Escola Catòlica de les Illes Balears | Pilar Pellicer

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Llúcia Salleras (Porreres, 1969) es, desde hace poco más de un año, la secretaria general de Escola Catòlica de les Illes Balears, entidad que agrupa, bajo el ideario católico, a 74 centros educativos concertados. En esta entrevista repasa el funcionamiento de la entidad y la situación educativa en Baleares.

¿Qué funciones asume Escola Catòlica?

—Asesoramiento pedagógico y legal, y funciones pastorales, jurídicas, de negociación colectiva y de representación en diversos organismos educativos. En formación, realizamos más de 200 talleres al año. Y somos la patronal mayoritaria de los centros concertados de Balears.

Como tema de actualidad, ¿ya han analizado el anteproyecto de Llei d’Educació?

—Hemos realizado un análisis general, pero se trata de un anteproyecto que hay que debatir y consensuar. Tenemos que poder decir nuestra opinión. Por lo que hemos visto, no se muestra especialmente beligerante con los centros concertados. Tal vez habría que tocar alguna redacción.

Ha sido anunciar el anteproyecto y ya han surgido críticas inmediatas.

—Sí. Habría que recuperar el espíritu que ha servido de base al anteproyecto: el documento Illes per un Pacte. Conseguimos un consenso social que se rompió cuando el documento llegó al Parlament. Quedamos decepcionados de los políticos. Nosotros hicimos renuncias para llegar a un pacto, pero los políticos no hicieron lo mismo, no estuvieron a la altura. Las escuelas no están para hacer política. Tenemos otras necesidades y lo que precisamos es estabilidad y una ley que perdure, al margen de ideologías.

¿Qué le ha parecido la polémica lingüística planteada por Més?

—Si nos planteamos eliminar paredes y asignaturas en las aulas, también tenemos que ser capaces de revisar el Decret de Mínims sin renunciar a la presencia que le corresponde a la lengua catalana.

Y a nivel estatal, ¿qué hay que hacer con la LOMCE?

—Hay que establecer que el régimen de conciertos asegure que cualquier familia pueda elegir centro educativo, independientemente del nivel económico. Fueron preocupantes las declaraciones de la ministra Isabel Celaá, cuestionando los derechos de la enseñanza concertada. Sin ésta, la consecuencia sería que la libre elección quedaría en manos exclusivamente de los ricos. Así que con la nueva ley estatal estaremos a la expectativa, pues lo que dijo la ministra no se sostiene jurídicamente. Podríamos vernos en los tribunales. En cualquier caso, la LOMCE tampoco fue fruto del consenso y por ello es motivo de conflicto político. Tenemos que madurar como democracia.

¿Cuáles son los números de la escuela concertada en Balears?

—Los módulos están congelados desde el año 2008. Hemos perdido un 15 % respecto al IPC. Sólo para este curso, la congelación nos lleva a perder 1,7 millones de euros en Escola Catòlica y 2,5 millones en el conjunto de la concertada balear. Y tenemos gastos nuevos, como por ejemplo en la cuestión tecnológica. La Conselleria d’Educació ya nos ha dicho que en 2020 continuará la congelación. En la concertada tenemos el 30 % de los alumnos. Pues bien, de todo el incremento de presupuesto de la Conselleria, a la concertada le corresponde el 6,9 %. Sustancialmente, costamos mucho menos que la pública y obtenemos buenos resultados académicos.

Pero ha habido mejoras para la concertada.

—Sí, no vamos a negarlo. Ha habido un esfuerzo para mejorar las condiciones laborales del profesorado, ayudas de comedor y más personal de atención a la diversidad, pero, proporcionalmente, no estamos recibiendo lo mismo que la enseñanza pública. En contra de lo que se pueda creer, la mayoría de nuestras escuelas son pequeñas, instaladas en pueblos y barriadas donde había necesidades educativas. Y las congregaciones que las crearon aportaron su dinero. Volviendo a las ayudas de comedor, la concertada recibe el 41 % del total. Eso significa que nuestras familias también las necesitan. Y eso rompe definitivamente el tópico de que todas nuestras familias son acomodadas.

Los sindicatos del sector anuncian movilizaciones.

—Sí, la Conselleria les ha comunicado que no habrá ningún acuerdo que implique más inversión ni se desplegará ningún otro en negociación que suponga más dinero. Entre otras cuestiones, se estaba negociando el segundo sexenio y la paga de los 25 años. Tampoco tendremos más orientadores para Primaria, creando agravios con los centros que ya los tienen. En educadores sociales, dinamizadores lingüísticos y algunos programas de coeducación, no habrá nada para la enseñanza concertada. En definitiva, la equiparación con la pública queda aplazada.

¿Se considera a la concertada subsidiaria de la pública?

—Somos una red complementaria, no subsidiaria. La Administración debe asegurar que los recursos son los mismos. Y los reclamaremos.

Los tribunales les han dado la razón en la oferta obligatoria de Religión en 2º de Bachillerato, pero han validado el recorte de media hora semanal en Primaria.

—Preferiríamos que no hubiera recorte, pero ello no afecta a nuestro proyecto educativo. Ahora se habla mucho de educar en valores. Nosotros vivimos en valores. Algunos centros presumen de sus proyectos de solidaridad. Nosotros los hemos hecho toda la vida. Es parte de nuestro ADN.

Educació ha anunciado la enseñanza del Islam en un máximo de diez centros públicos.

—Respeto total por la iniciativa. Sólo estaremos pendientes de que el profesorado del Islam cumpla las mismas condiciones de titulación que se exigen a nuestros docentes de religión católica.