La antesala del salón de plenos el 25 de noviembre, cuando las conselleres del PSIB, Més y Unidas Podemos se ausentaron de la sesión durante las intervenciones del portavoz de Vox porque este partido rechazó sumarse al manifiesto contra la violencia machista. | Redacción Local

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Vox ha pedido al Consell de Mallorca que abra una expediente disciplinario a la interventora de la institución, Elena Montejo, por «abandonar sus funciones» y no mantener la neutralidad y la imparcialidad que la legislación exige a los funcionarios públicos.

El 25 de noviembre, en el pleno donde el Consell aprobó inicialmente el presupuesto para el 2020, la interventora se unió a las conselleres insulares del PSIB, Unidas Podemos, Més y el PI y se ausentó del pleno durante las intervenciones del representante de Vox. Con esta acción, las conselleres querían protestar por el hecho de que Vox no quisiera sumarse al manifiesto del 25 de noviembre contra la violencia machista.

La formación de Jorge Campos señala que la interventora «no abandonó sus funciones no a causa de fuerza mayor, sino que lo hizo al objeto de realizarse una serie de fotografías junto con las conselleres de distintos grupos políticos». «Dicho acto –añade el portavoz de Vox, Pedro Bestard, que firma el escrito– lo realizaba la señora Montejo en participación con la presidenta de la institución a la que pertenezco, la cual exponía ante la prensa sus críticas hacia mi formación como consecuencia del posicionamiento de Vox en contra de la utilización partidista del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la posición política de nuestro grupo».

Normativa

Vox fundamenta su petición de apertura de expediente disciplinario en base a distintos artículos del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y de la Ley de Función Pública de Balears. En este sentido, recuerdan que el artículo 52 del TREBEP, sobre los deberes y el código de conducta de los empleados públicos, establece que estos «deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad», etcétera.

El artículo 53 añade que «su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales [...] y se fundamentará en consderaciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales». Vox invoca también el artículo 95, que califica de falta disciplinaria muy grave «el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tiene encomendadas». La Ley de Función Pública de Balears, subsidiaria de la estatal, incide en «la garantía de objetividad, imparcialidad e independencia» en el ejercicio de la función pública. Esta norma también califica de falta muy grave «la realización de actividades que comprometan la imparcialidad». Vox pide al Consell que le abra expediente y ejerza las acciones necesarias para determinar si la interventora quebrantó la normativa.