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El anteproyecto de Ley de Educación hecho público este miércoles por el Govern establece que desde su aprobación, prevista para 2021, se incrementará en ocho años la inversión en la enseñanza pública un 51 % hasta llegar al 5 % del Producto Interior Bruto (PIB).

El conseller de Educación, Martí March, ha explicado que actualmente la enseñanza se nutre vía presupuestaria del 3,3 % del PIB y ha considerado «realista» alcanzar el 5 % en torno a 2028, siempre y cuando se reforme el sistema de financiación autonómica de forma que incremente los fondos para el archipiélago.

El mismo proyecto de ley está supeditado a la conformación del Gobierno estatal liderado por el PSOE para que impulse la derogación de la LOMCE y la reforma de la ley estatal precedente, la LOE, ya que la articulación planteada por el Govern incumple algunos preceptos de la ley nacional en vigor, según ha admitido March.

El conseller ha aclarado que la ley que propone no plantea ningún cambio en cuanto a la enseñanza de lenguas y solo expone que el catalán será el idioma normal en la enseñanza, dejando para una futura regulación la fusión de los actuales decretos de mínimos y lenguas extranjeras. «No hablamos de porcentajes», ha incidido March.

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Ha puesto el acento en que la determinación de cuántas horas lectivas han de impartirse en cada una de las lenguas oficiales no está establecido en ninguna ley educativa y ha apuntado que no se determinan, a priori, novedades ni en cuanto a la garantía del 50 % de catalán en vigor actualmente ni para potenciar con más horas de clase el inglés.

En general, el anteproyecto legislativo no introduce cambios significativos en ningún aspecto central de la enseñanza pública, sino que aúna, normaliza y ordena regulaciones diversas y ampara planteamientos organizativos de los centros y de participación de la comunidad educativa en la línea de los que se vienen impulsando desde la pasada legislatura.

March ha puesto mucho énfasis en el inicio del proceso de participación «de largo recorrido» que se abre con la publicación del anteproyecto es determinante alcanzar el mayor acuerdo posible con la comunidad educativa.

El texto se someterá en breve a debate en las mesas sectoriales con los sindicatos, tanto de la pública como de la concertada, y en los foros institucionalizados de padres, directores, así como en una mesa con instituciones de docentes y en los consejos escolares.

En una segunda fase se recabarán aportaciones de consells insulars y ayuntamientos y finalmente se pedirá opinión a los grupos parlamentarios.

Tras este proceso, el anteproyecto resultante se someterá a informe preceptivo del Consell Escolar autonómico, probablemente en el próximo verano. Después será aprobado por el Consell de Govern con el objetivo de que en octubre inicie su tramitación parlamentaria y esté aprobado para mayo o junio de 2021, ha detallado March.

La futura ley, que con este calendario entraría en vigor en el curso 21-22, está planteada para «dar estabilidad al sistema educativo» sin representar a ninguna tendencia, sector o sindicato. «No queremos que sea una ley de ningún partido político», ha enfatizado en conseller.

En sus 156 artículos, más una veintena de disposiciones adicionales y transitorias, el anteproyecto institucionaliza los existentes y crea nuevos órganos de participación, establece el reparto equitativo de alumnos con necesidades especiales, regulariza los conciertos, crea direcciones específicas en Menorca, Ibiza y Formentera para aumentar su autonomía, contempla un estatuto docente, refuerza la educación de 0 a 3 años y consolida la FP.

March ha destacado que en el proyecto legal son muy relevantes la potenciación de la «autonomía pedagógica, económica y de gestión de los centros» y el refuerzo de la evaluación interna y externa de los resultados educativos, dando un «papel cada vez más pedagógico de la inspección».