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El Parlament balear ha aprobado este martes el techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma de 2020, que asciende a 4.383 millones de euros, con la acusación del PP, el principal partido de la oposición, de que los ingresos están «inflados» y que el «agujero» del próximo año superará los 370 millones.

Los partidos que apoyan la gestión del Govern balear han votado a favor de la cifra de gasto prevista, mientras que el resto se han opuesto. La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha informado que el

techo de gasto se reduce en 2020 un 1,1 %, en 50,2 millones, sobre este año, una disminución prevista con «criterios de prudencia» debido al actual bloqueo político en España y la ralentización de la economía europea.

De todos modos, ha subrayado, el techo de gasto del próximo ejercicio supera en 300 millones al de 2018 y en 1.034 millones respecto a 2015.

El ejecutivo dará prioridad en su gasto a las «personas» y las políticas sociales, educativas y sanitarias, como en la pasada legislatura, ha manifestado la consellera.

El Govern prevé para 2020 una reducción de sus ingresos del 0,32 %, de 13,9 millones de euros, sobre este año, una estimación «prudente» conforme al contexto actual.

Desde el PP, el diputado Antoni Costa, ha calificado de «ejercicio de trilerismo» político y financiero el techo de gasto de la comunidad porque los ingresos están «inflados».

Costa ha criticado que la consellera incluya como ingreso de la comunidad 120 millones de euros del convenio de carreteras que el Estado debe pagar a Baleares, y ha recordado que la última vez que las islas recibieron fondos de Madrid por este convenio fue en 2014.

Con este techo de gasto, el «agujero mínimo de esta comunidad» en 2020 alcanzará los 370 millones de euros y a ello contribuirá también la caída en la recaudación de impuestos como el de transmisión patrimonial.

«Usted y sus compañeros de Govern, primero han decidido cuánto quieren gastar y después han inflado los ingresos para cuadrar los presupuestos», ha afirmado Costa, que ha advertido que «gastar lo que no se tiene es una política que nos conduce al pasado y que pone en riesgo los servicios públicos del futuro».

Tras su intervención, la portavoz de Unidas Podemos, Antonia Martín, le ha criticado a Costa que «ya no cuela» que el PP asegure que se preocupa por los servicios públicos de Baleares.

Martín ha denunciado las políticas públicas de austeridad y ha recordado que el PP y el PSOE acordaron modificar la Constitución Española en 2011 para garantizar el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas y la «prioridad absoluta» del pago de la deuda pública. «Para pagar a los bancos sí se pusieron de acuerdo, pero para blindar las pensiones no», ha lamentado.

En su turno de intervención, el diputado de Ciudadanos (Cs) Juanma Gómez ha mantenido que no es «creíble» la previsión de ingresos del Govern para «cuadrar sus cuentas». Ejemplo de ello, es que el ejecutivo «vuelve» a incluir los convenios de carreteras y ferroviario. «Es un insulto para esta cámara», ha apostillado.

Gómez ha recordado la «millonada» que «dejó sin pagar» a los proveedores el exconseller socialista de Hacienda Carles Manera y a ha pedido a Sánchez que no haga lo mismo.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha denunciado la limitación del gasto impuesta por el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro a las administraciones públicas y que, en estos momentos, los ayuntamientos de las islas dispongan más de 600 millones en los «bancos que no pueden tocar».

Ensenyat ha apostado por trabajar por un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas y un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB).

Por su parte, el diputado de Vox Jorge Rodríguez ha advertido que la comunidad balear «se enfrenta» a numerosos retos, como su falta de liquidez y una deuda que supera los 9.000 millones, y se ha preguntado qué ha hecho el Govern en el periodo de «bonanza» económica de la pasada legislatura.

Sin embargo, Baleares «sufre» el colapso de su red viaria, de viviendas sociales, la falta de transporte público de calidad y tiene a niños en «barracones tercermundistas» en escuelas públicas, ha denostado.

El portavoz de El Pi, Jaume Font, ha subrayado que hasta el propio Govern reconoce que los ingresos previstos para 2020 son «provisionales» y que techo de gasto «no los reconocerán ni ustedes mismos» a finales de este año.

Font ha aludido al «agujero» de 500 millones que el Govern tiene solo en el presupuesto de 2019, por lo que ha pedido «por favor» un ejecutivo «transparente», «sincero» y que «hable claro» a los ciudadanos sobre los ajustes que serán necesarios aplicar.