La mayoría de los ingresos en prisión preventiva se producen tras el pase a disposición judicial de los detenidos en el juzgado de guardia. Los jueces no pueden acordar de oficio la medida que tiene que ser solicitada por una acusación. | A. Sepúlveda

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Es una queja compartida entre abogados en los pasillos de los juzgados de las Islas: los jueces de instrucción acuerdan siempre las medidas cautelares que piden los fiscales. Según los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado tienen razón, pero a medias. Los magistrados de guardia acuerdan un 90 por ciento de las prisiones preventivas que se solicitan por el ministerio público. Lo que ocurre es que esto es así en todos los sitios. De hecho, el porcentaje de Baleares está por debajo de lo que ocurre en la mayoría de comunidades autónomas: sólo en Madrid, Catalunya y Aragón la cifra está por debajo del porcentaje de las Islas (79,8, 70 y 84 por ciento respectivamente). En el resto del territorio nacional, la Fiscalía roza el pleno: 99,3 % en Castilla-La Mancha, 98 en Andalucía, 97,7 en la Comunitat Valenciana o 97,1 en Canarias.

En líneas generales, cuanto menor es la población del territorio, menos jueces de instrucción hay y, por lo tanto, más familiaridad entre ellos y los representantes del ministerio público. Eso tiene cierta correlación con que se adopten más las medidas cautelares que se piden. Los dos grandes juzgados de Madrid y Barcelona hacen que la media nacional se sitúe en el 87 por ciento de adopción de las medidas preventivas. En Baleares, en 2018 ingresaron en prisión 518 detenidos. Sólo se desestimó el ingreso en la cárcel en 57 ocasiones.

Supuestos

La medida cautelar de privación de libertad está recogida para tres supuestos, siempre que se trate de delitos graves: riesgo de fuga, de reiteración en el mismo delito o de destrucción de pruebas. De todos ellos, en la práctica el que más se aplica es el primero. Eso tiene especial incidencia en las Islas, donde hay un gran número de detenidos extranjeros con respecto a los cuales se aprecia la existencia de peligro de que se fuguen al no tener arraigo en el territorio nacional.

En toda España fueron 12.319 las personas que ingresaron cautelarmente en la cárcel y se desestimaron 1.738 de las medidas solicitadas por el ministerio público. La mayor parte de los ingresos en prisión acordados en Baleares responden a distintos tipos de delitos contra el patrimonio, sobre todo robos con fuerza y violencia, si bien hay algún caso por estafas. 180 detenidos terminaron en la cárcel tras ser arrestados por ello. Siguen 166 casos por tráfico de drogas. Los casos vinculados con violencia sobre las mujeres, ya sean lesiones, maltrato habitual o quebrantamiento de medidas cautelares terminaron con 75 arrestados en el módulo de preventivos de la cárcel. Otros veinte ingresaron por delitos contra la libertad sexual y 25 por homicidios, incluidas las tentativas.

En Baleares hay 22 juzgados de Instrucción (doce en Palma, tres en Inca y Manacor y cuatro en Eivissa) además de los seis mixtos de Menorca y los tres especializados en violencia sobre la mujer, que son los que acuerdan de forma habitual medidas de prisión preventiva, algo que también hace en ocasiones la Audiencia Provincial.