El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; el conseller de Participació Ciutadana i Presidència, Jesús Jurado y la directora insular d’Igualtat, Nina Parrón, colgaron este lunes una banderola en la sede del Consell en conmemoración del 8 de marzo, Dia internacional de la Mujer. | Pere Bota

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Catorce policías locales de otros tantos ayuntamientos de las Islas han decidido incorporarse en los últimos ocho meses al programa VioGen, aplicación del Ministerio de Interior que se gestiona desde la Delegación del Gobierno y que pretende coordinar las actuaciones ante los casos de violencia de género.

La delegada del Gobierno en Balears, Rosario Sánchez, recordó que inicialmente solo eran dos y explicó que el incremento del presupuesto estatal así como la apuesta firme del Gobierno «por la igualdad» explican la importancia de este hecho. Dijo que gracias al plan estatal contra la violencia de género había más dinero para los ayuntamientos.

Sánchez destacó especialmente todas las propuestas relacionadas con la igualdad a la hora de hacer balance de las actuaciones del Gobierno en relación a Balears. La delegada informó de que no habrá agencia pública el día 8 de marzo y que asistiría a la manifestación que se celebrará en Palma.

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En ocho meses del Gobierno de Pedro Sánchez el número de efectivos de la Delegación del Gobierno dedicados a la lucha contra la violencia de género se ha doblado, explicó, pasando de dos a cuatro.

En su repaso a estos ocho meses al frente de la Delegación del Gobierno, Sánchez, también ha recordado que sus primeras medidas fueron la retirada de los recursos que se habían interpuesto contra las subvenciones a la normalización lingüística de los ayuntamientos de Pollença y Capdepera, así como la retirada de los recursos interpuestos contra el cobro de la carrera profesional por parte de más de 6.000 empleados públicos de diferente administraciones de estas islas.

Indicó que le quedaban dos asuntos pendientes: el traspaso de las competencias de la Demarcación de Costas a la Administración autonómica y asegurar un plus de insularidad para el funcionariado que se desplaza a Balears.