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La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares prevé abrir, en las próximas semanas, investigaciones por dos denuncias recibidas este 2018, al apreciar indicios de irregularidades tras una primera fase de examen.

Así consta en la Memoria 2018 de la Oficina, entregada este jueves al Parlament. En total, el organismo recibió durante el año 14 informaciones, de las que diez se materializaron como denuncia formal, pero actualmente la mayoría están en «fase de verosimilitud» debido a que la Oficina todavía no cuenta con personal para tramitarlas.

«No obstante, es previsible que en las próximas semanas, dos de estas denuncias sean archivadas y otras dos pasen a la fase de investigación por apreciarse indicios de irregularidades», se señala en el documento.

De las 14 informaciones recibidas, cuatro procedían de personas que se pusieron en contacto con la Oficina por teléfono, plantearon diversos casos y tras aclarar sus dudas no llegaron a formalizar ninguna denuncia. De las diez restantes, seis fueron presentadas por particulares -cuatro de ellas con un escrito explicativo y documentación anexa-, tres proceden de funcionarios y una de un grupo político.

En cuanto a las instituciones denunciadas, en cuatro casos eran ayuntamientos, dos afectan a Consells Insulars, una afecta al Govern, otra a empresas y entidades privadas -en sus relaciones con el sector público- y dos a otros organismos públicos.

Además, por iniciativa propia, en dos ocasiones la Oficina ha practicado requerimientos de obtención de información, en procedimientos que después han quedado archivados por no apreciarse indiciariamente irregularidades.

En cuanto a las materias, cinco casos están relacionados con irregularidades en la función pública; cuatro con urbanismo; dos por conflictos de intereses; y una versa sobre irregularidades en la contratación pública.

REDUCIDA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

En la Memoria también se detalla la actividad de la Oficina a lo largo del año y se advierte del bajo grado de ejecución de su presupuesto, que alcanza sólo el 31,78 por ciento.
El documento aportado al Parlament atribuye esto al «significativo retraso del inicio de la actividad» del propio organismo, «que no ha tenido aprobado su reglamento de funcionamiento y régimen interior hasta el 14 de diciembre y, por tanto, no ha podido contar con personal durante el ejercicio».

Del medio millón de euros de transferencias que la Oficina recibió del importe presupuestado, se han gastado 158.936 euros y ha quedado un remanente de crédito de 341.063 euros.

Durante 2018, la Oficina ha suscrito 14 contratos, de los que siete han sido para contratar servicios y suministros para el entorno tecnológico de la entidad y el desarrollo de la web y sede electrónica; tres han sido para comprar material informático y de reprografía y contratar el servicio de telefonía; otras tres para la gestión de nóminas y contabilidad; y uno para contratar una herramienta de investigación mercantil.

DIFICULTADES PARA ESTABLECER UNA SEDE FÍSICA

La Memoria también relata las dificultades del organismo para establecer su sede, que se ubicó de forma provisional dentro del Parlament. Sin embargo, se están buscando otros lugares con el objetivo de mantener los principios de neutralidad y confidencialidad recogidos en la Ley que creaba la Oficina.

A pesar de los contactos con distintas administraciones, «en todos los casos se recibió respuesta negativa a la habilitación de un espacio suficiente para albergar la sede de la Oficina», y por este motivo se han elaborado pliegos para licitar un contrato de alquiler. A pesar de ello, no se ha llevado a cabo la licitación por cuestiones técnicas, al carecer la Oficina de una mesa de contratación -de la cual tampoco puede disponer por no tener personal-.

La Oficina solicitó colaboración al Parlament para constituir una mesa de contratación a través de un convenio, pero no ha recibido respuesta. Finalmente, se ha adscrito a la Oficina una parte de un inmueble titularidad de la Conselleria de Hacienda junto al Parlament, un entresuelo de 40 m2 que permitirá ubicar a los primeros efectivos de manera provisional.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTAS

Por otra parte, la Memoria describe como una de las actuaciones prioritarias para 2019 la implantación de un sistema de alertas para la detección temprana de irregularidades y malas prácticas, que contaría con un procedimiento automatizado de detección y una herramienta de análisis dinámico de datos. Se trata de un sistema en el que también participan otras administraciones públicas, entre ellas la Generalitat Valenciana, «que lo lidera e impulsa».

También está pendiente de finalizar la implantación tecnológica de un buzón de denuncias anónimas, para lo que se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona para aprovechar sus conocimientos -ya que el consistorio catalán tiene desde hace varios años un buzón ético y de buen gobierno-.