Las inversiones estatutarias se llaman así porque están blindadas por el Estatut, pero apenas llegaron durante dos años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy no hizo ni caso del mandato estatutario, pero tampoco Pedro Sánchez cumplía en los Presupuestos no natos la obligación de invertir en Balears la media de lo que invierta en España. | Reuters

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El sistemático incumplimiento del Estatut por parte de los gobiernos de todo color político ha supuesto que la Islas han dejado de recibir 1.706 millones de euros en infraestructuras en los últimos diez años. Si se tiene en cuenta que las inversiones de la ecotasa sumaron el año pasado 120 millones, cabe hacerse una idea de la cantidad de proyectos que podrían haberse ejecutado en las Islas y que no se han hecho por indiferencia del Gobierno central.

La entrada en vigor de la primera parte del nuevo Régimen Especial tras su aprobación por decreto ley ha vuelto a poner a la ley que puede haber leyes que compensen los problemas que provoca la insularidad, pero que si no hay un Gobierno dispuesto a cumplirlas no sirve para nada.

El caso del Estatut es extremo porque se trata de una ley orgánica que en una de sus disposiciones establecía que hasta la aprobación del REB, es decir, hasta esta misma semana, y por un periodo de al menos siete años, Baleares debía recibir del Estado la media de inversiones que reciben las demás comunidades autónomas. Con la excepción de dos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la realidad desmiente lo recogido por el Estatut. Jamás se cumplió esta disposición durante el mandato de Mariano Rajoy y el único Presupuesto que ha podido presentar Pedro Sánchez, el no nato de este año, no solo no cumplía el Estatut sino que lo alejaba de la media. El resultado son esos 1.706 millones que se han perdido en los últimos años, según datos del propio Ejecutivo balear.

El Govern trata de disipar el temor a que a partir de ahora suceda lo mismo con el REB.
El Fondo de Insularidad, uno de las novedades más alabadas por el Govern balear, no es más que una traslación de lo que dispone el Estatut, solo que en este caso no es un ley orgánica, es decir, el rango es menor.

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La diferencia

La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, asegura que el nuevo REB es un blindaje que evitará ese incumplimiento sistemático. «Constituye un compromiso mucho más firme porque obliga a que quede recogido en los Presupuestos del Estado», señala Cladera. De no ser así, el Govern tiene un último recurso para exigir el cumplimiento de la ley, que es enviar al Gobierno a los tribunales, pero los responsables d’Hisenda están convencidos de que no será necesario porque se cumplirá el mandato.

Este nuevo fondo que incorpora el nuevo Régimen Especial también presenta otra singularidad: todas las actuaciones que no se ejecuten en el año previsto se podrán ejecutar y sumar a los recursos de los siguientes años.