La consellera Catalina Cladera está llevando el peso de las negociaciones, junto con la presidenta Armengol. | Joan Torres

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La posibilidad de que el Gobierno apruebe el REB por decreto ley para que lo convalide la Diputación Permanente del Congreso y entre en vigor antes de las elecciones autonómicas se aleja conforme se acerca otra convocatoria electoral, la de las elecciones generales. El Gobierno alega dudas jurídicas para que el texto se apruebe por esta vía de urgencia por lo que el Govern de Francina Armengol ya asume que tal vez tenga que conformarse con la aprobación de un anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros.

En todo caso, ese anteproyecto no entrará en vigor de ninguna manera ya que deberá ratificarlo como proyecto de ley el Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril antes de remitirlo al Congreso para su aprobación definitiva por parte de las Cortes. El proceso puede durar más de un año.

A menos de dos semanas de la disolución del Congreso, esta es la opción que toma fuerza. Francina Armengol sigue presionando al Gobierno para que se concrete la aprobación vía decreto cuanto antes, pero en el Ejecutivo balear reconocen que a estas alturas comienza a ir bien cualquier fórmula que pueda salvar este asunto antes de las elecciones.

Cada vez está más cerca la posibilidad de que se apruebe un anteproyecto de ley hasta el punto de que podría ser incluso en el Consejo de Ministros de este viernes o en el de la próxima semana. En el primer caso, la presidenta podría sacar pecho de su aprobación inicial en el discurso oficial que pronunciará con motivo del Dia de les Illes Balears; en el segundo caso, su aprobación coincidiría con esta fiesta y se haría en el último Consejo de Ministros previo a la convocatoria de las elecciones generales. Pedro Sánchez disolverá las Cortes en un decreto que firmará el próximo 4 de marzo.