El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán afronta una petición de tres años y medio. | M. À. Cañellas

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El juicio por el ‘caso Mar Blau’ que sienta en el banquillo a once acusados por amaños en la adjudicación de puertos en Balears arranca el miércoles a la espera de un posible pacto. En las últimas semanas se han producido distintos contactos entre las partes que, por el momento, no han fructificado. El principal obstáculo para un pacto es la presencia de varias acusaciones particulares y, sobre todo, las elevadas responsabilidades civiles que pueden derivar de los delitos, de las que dan medida los 50 millones de euros de fianza que tienen impuestos los acusados.

En los últimos días se ha producido un acercamiento de las posturas, sobre todo en torno a algunas de las mercantiles que se vieron perjudicadas por concursos amañados en las Pitiüses. En cualquier caso, un posible acuerdo se cerraría in extremis. La Fiscalía Anticorrupción sí estaba dispuesta, en principio, a retirar algunas de las acusaciones y a moderar las peticiones de pena, toda vez que se trata de una causa abierta en el año 2008 y que ha acumulado más de una década de instrucción.

Los principales acusados en la causa son el exdirector de la Autoridad Portuaria Ángel de Matías y el expresidente del organismo Francesc Triay. El primero afronta una petición de condena de 18 años de cárcel y, el segundo, de diez. El ministerio público les acusa de manipular cinco procedimientos públicos diferentes para la adjudicación de otros tantos puertos de las Islas, en especial en Maó y Eivissa. Además, está acusado el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, a quien se reclaman tres años y medio. Su empresa, Trapsa Yates tiene un especial protagonismo en la causa. Esta empresa se había presentado a un concurso para obtener una serie de amarres en Menorca. Los responsables de puertos querían adjudicar el proyecto a otra mercantil y, según la Fiscalía, plantearon a Trapsa que, si abandonaba el concurso de Menorca, sería compensado con otro en el puerto de Eivissa. A cambio, uno de los acusados recibió una cocina valorada en 6.000 euros. Otro se hizo a precio de saldo un apartamento en primera línea de playa en Formentera.