Antoni Llabrés, Lila Tomàs y Javier Pérez Royo, en la conferencia celebrada este lunes. | Teresa Ayuga

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El Parlamento no es capaz de hacer leyes y mucho menos un presupuesto, lo que impide que exista una acción de gobierno. El Poder Judicial se descompone entre la imposibilidad de renovar sus Órganos y las polémicas del Supremo. El catedrático emérito de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, lo ve negro: «España está en una crisis constitucional dramática y no tenemos forma de renovar la Constitución y su legitimidad».

Pérez Royo presentó este lunes en Palma el libro que ha escrito con el politólogo Antón Losada: Constitución: La reforma inevitable. La tesis del libro es que, al igual que un edificio necesita mantenimiento, la estructura constitucional, también y, en España, ese escenario de reformas necesarias para adaptar el texto y su legimidad siempre ha sido imposible. El gran problema que supone Catalunya y su encaje se suma a la crisis política actual y, según Pérez Royo, «estamos en la antesala de la descomposición».

El pronóstico del catedrático es que la falta de presdisposición de los partidos políticos hace inviable esas reformas, en el sentido que sean: «Veo difícil una voluntad de entenderse, más aún con los resultados del domingo en Andalucía». Sin esos cambios, augura una situación de ruptura que de paso a un proceso constituyente más crítico. «Sin reforma los problemas se harán aún mayores». Equipara la situación actual a la crisis de la Restauración: «Ortega ya hizo la autopsia de la Constitución de 1876 en un artículo en 1913 y no hubo ninguna reforma hasta que algo tan nimio como unas elecciones municipales llevó a una nueva constitución en 1931».

Pérez Royo señala que lo que ocurre en España no tiene parangón en ningún otro país europeo. Pone como ejemplo cómo Alemania ha sido capaz de dotar de legitimidad a la constitución que se le impuso tras la II Guerra Mundial con más de sesenta reformas o que Portugal ya lleva ocho de un texto aprobado casi al mismo tiempo que la española.

En su planteamiento, cualquier propuesta de reforma tiene que abordar en primer lugar la legitimidad de la Monarquía como forma de estado. «Es el gran problema de España en sus sistema constitucional. Nunca ha conseguido tener una Constitución sin apoyarse en una magistratura hereditaria como si fuera un báculo. Es una barbaridad», afirma. En el caso del texto del 1978 señala que deriva de una previa legitimidad monárquica y cree que tiene «enjaulada» otra legitimidad, la democrática.