La investigación arrancó tras la denuncia en la Fiscalía de antiguos amarristas. | Redacción Local

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Un voluminoso informe de 1.200 páginas de la Guardia Civil concluye que el exconseller de Turisme Carlos Delgado «pudo incurrir en negociaciones prohibidas» en torno a la adjudicación del puerto de Calanova. Las investigaciones llevadas a cabo durante meses por la policía judicial apuntan a toda una cadena de irregularidades que permitieron al abogado y actual socio del exconseller, Carlos Gelabert, ganar más de 200.000 euros con su participacion en el concurso.

Las diligencias sostienen que la Conselleria dirigida por Delgado privatizó el puerto a cambio de nada: «Se ha entregado a beneficio nulo», a raíz de una serie de beneficios que sólo se permitieron a la empresa adjudicataria, Olimpic Calanova SL. A los investigadores le llaman especialmente la atención dos: esta empresa pudo modificar los amarres en su oferta, algo que se impidió a los demás y también se le permitió deshacerse de casi todos los empleados del naútico cuando las bases obligaban a que fueran contratados por la nueva administración. De esta forma, el Govern asumió un coste laboral de más de 800.000 euros, lo mismo que el canon que pagó la empresa.

El informe profundiza en las relaciones personales entre Gelabert y Delgado y concluye que mantenían una amistad evidente durante todo el proceso de adjudicación. A eso suman una serie de testimonios que hablan de conversaciones entre ambos de madrugada y de la toma de medidas de seguridad para evitar posibles ‘pinchazos telefónicos’.

El actual socio de despacho profesional de Delgado es uno de los socios fundadores de Port Olimpic Calanova. La sociedad se forma pocos días después de que se publicara el concurso con un capital mínimo. Medio año después, Gelabert vende su participación y obtiene un beneficio de 200.000 euros cuando ya está resuelto el proceso. Esa venta quedó condicionada, en todo caso, a que se formalizara la adjudicación.

Los agentes detectan también varias irregularidades en el procedimiento administrativo. Acusan de forma directa al director general, Joaquín Legaza, de mentir al menos en dos ocasiones al consejo de Ports para beneficiar a Olimpic Calanova y evitar problemas en el organismo encargado de la adjudicación. También señalan que la que tenía que ser secretaria de la mesa de adjudicación fue sustituida por sus pegas al contrato.