El GOB rechaza los proyectos de la ecotasa por no dar prioridad al medioambiente

| Palma |

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El grupo ecologista GOB ha votado en contra de los proyectos propuestos para ser financiados con cargo al impuesto de turismo sostenible por falta de transparencia en su gestión y porque suponen incumplir la ley que implantó este gravamen porque no dan prioridad a destinar los fondos al medio ambiente.

El GOB votó en contra de la propuesta de proyectos a financiar con el impuesto turístico en la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible y denunció la falta de transparencia y participación pública, según ha informado hoy en un comunicado.

El GOB ha denunciado que se está incumpliendo la propia ley que creó el impuesto al no dar prioridad al medio ambiente al destinar los fondos porque el listado de proyectos a financiar incluye la promoción de viviendas para alquiler social (24,2 millones de euros) y la construcción de infraestructuras (11 millones para redes de agua, alumbrado público, una depuradora y alicatado).

Los verdes denuncian además que también se financia un plan de «generación de demanda turística» (con promoción del turismo de lujo, cultural, activo y eco ...) que se adjudica a la misma Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETB) que es la que gestiona el fondo del impuesto.

La ausencia de información sobre los trabajos que se desarrollan en la gestión del fondo y de las convocatorias, así como las prisas por convocar tanto la comisión como el plenario son, en opinión del GOB, «muestras de comportamientos para evitar la participación y control por parte de los miembros de la comisión».

El GOB reclama un reglamento para establecer el régimen de las sesiones y de la documentación de los órganos de la comisión.

Los ecologistas denuncian que el plan anual para 2018 ya completa el máximo de convocatorias posibles que fija la ley, sin haber sometido a la participación ciudadana los proyectos a financiar por el fondo.

Según el GOB, ya van tres convocatorias en las que se ha prescindido tanto de la voluntad de la ciudadanía como de las entidades que forman parte de la comisión a la hora de tomar la decisión sobre los proyectos a financiar.

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