Iñaki Urdangarin, cuando acudió a la Audiencia de Palma para recoger la sentencia en febrero de 2017. | M. À. Cañellas

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Iñaki Urdangarin entrará finalmente en prisión, tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena por el caso Nóos. Aunque se le ha rebajado la condena, pasando de 6 años y 3 meses de prisión a 5 años y 10 meses, como se queda ahora.

Podrá ingresar en la prisión que elija si se presenta voluntariamente con el mandamiento judicial que lo ordena.
Ese mandamiento lo tendrá que dictar la Audiencia de Palma, el tribunal que lo condenó, una vez que reciba la sentencia del Supremo para ejecutarla, algo que puede hacer directamente o tras convocar una vistilla para escuchar a las partes.

De todas maneras, este ingreso en prisión no tiene porque ser inmediato ya que, a partir de este momento, la defensa del exduque de Palma puede pedir el indulto o recurrir al amparo del Tribunal Constitucional.

En ambos casos, se puede dejar en suspenso el ingreso en prisión hasta la resolución de cualquiera de esta dos opciones.

Tradicionalmente el Tribunal Constitucional viene teniendo en cuenta como límite las penas de en torno a los cinco años de cárcel para decidir si suspende o no la ejecución de las condenas mientras resuelve sobre el amparo solicitado.

Ahora, la pelota está en el tejado de la Audiencia de Palma, que es a la que corresponde ejecutar la sentencia. Una vez que la sentencia es firme, esta instancia podría decretar ya el ingreso en prisión de Urdangarin de forma inmediata o bien celebrar una vista para adoptar esta decisión.

No obstante, el acuerdo al que llegue el tribunal sentenciador podría ser suspendido igualmente por el Tribunal Constitucional en el caso de que lo solicite la defensa mientras resuelve. Por el momento, la Sala de lo Penal del Supremo ha comunicado el fallo a la Audiencia de Palma, a los efectos de su ejecución.

Prisión

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Tal y como establece la normativa penitenciaria, Urdangarin, como cualquier otra persona que haya sido condenada y se encuentre en ese momento en libertad, podrá acudir con el mandamiento a cualquier instalación penitenciaria de España, donde tendrá que ser acogido obligatoriamente.

Como establece la normativa, cualquier instalación penitenciaria tendría la obligación de acoger a Urdangarin si allí llegara voluntariamente, desde cualquier Centro de Inserción Social (CIS), hasta los dos hospitales penitenciarios o las tres cárceles de mujeres, aunque lógicamente no será ninguno el elegido.

Sea cual sea la cárcel donde vaya, lo normal es que pase por todos los trámites del primer ingreso. Se le hará una ficha y será reconocido por el servicio médico, además de ser entrevistado por un equipo multidisciplinar formado por trabajadores sociales y psicólogos que el evaluarán.

Como es habitual, el preso pasará la primera noche en el módulo de ingresos y después se le trasladará al módulo más adecuado. Probablemente, y dadas sus características, al conocido como «de respeto», donde el interno, al que se clasificará en segundo grado, acepta unas normas de comportamiento e higiene y de organización de la vida diaria en esa instalación.

De todos modos, la prisión puede analizar si la cárcel que ha elegido Urdangarin es la más apropiada y, acogiéndose al artículo 75 del Reglamento Penitenciario, Instituciones Penitenciarias puede decidir cambiarle de prisión si considera que la elegida por el condenado no es la idónea para salvaguardar la seguridad del interno o el buen orden del centro.

Urdangarín podrá elegir desde la cárcel con menos presos, como es la de la isla de La Palma, hasta uno de los denominados centros tipo, como puede ser la prisión de Estremera (Madrid), con capacidad para algo más de 2.000 internos. En total, podrá seleccionar entre las 70 cárceles dependientes de la administración del Estado y las 12 de Cataluña, la única comunidad que las tiene transferidas.

Probablemente, el marido de la infanta Cristina ya tenga tomada su decisión y pasará a formar parte de los 59.556 reclusos que, a primeros de este mes, estaban internos en las cárceles españolas, de los que más de 8.000 lo están en las catalanas.

Una población reclusa bastante inferior a los casi 70.400 presos, tanto preventivos como penados, que estaban ingresados en las prisiones de nuestro país a finales de 2011, cuando estalló el caso Nóos. Desde esa fecha, el descenso en el número de reclusos se cifra en el 15,4 por ciento.

Y si Urdangarín prefiere cumplir su condena en una cárcel más nueva, sería la de Archidona (Málaga) la primera opción, al ser la última en inaugurarse y que junto a las de Ceuta, Pamplona y Murcia 2 son las cuatro más nueva. Otras, como la de Soria, están ya construidas, pero aún sin actividad. EFE