El grupo de mujeres que presentaron la denuncia, este viernes en el poblado. | Pere Bota

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En diez días 45 familias de Son Banya serán desalojadas en cumplimiento de varias sentencias judiciales. No están dispuestos a asumir la decisión sin más: «Nos tienen que matar. Al menos a mí, porque no me voy». «Yo no me voy de Son Banya ni aunque me tiren la casa». «No tenemos a dónde ir», son las frases de las portavoces de las familias, Manuel Cortes y Manuela Moreno, a la puerta del poblado.

En un último intento de intentar aplazar el primer desalojo colectivo en décadas de existencia del poblado, las familias afectadas recurrieron a un detective privado. Llevaron a la policía un informe que muestra una relación de parentesco entre responsables de un centro comercial y cargos del Govern: «Que la Policía averigüe si son familia y hay delito. Tiene que haber un chanchullo que nos quieren echar por eso».

Cortés insiste en que no hay motivos que justifiquen la decisión de expulsarlos: «Después de 45 años aquí, ahora el Ajuntament nos tiene como ocupas. Tenemos nuestra línea de autobús, nuestro colegio. ¿Cuál es el beneficio aquí?».

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Cort llevó a los tribunales en 2010 la situación de Son Banya y ganó 45 demandas de desahucio por precario que son firmes desde principios de 2012. Sin embargo, en el escrito que los residentes en el poblado han registrado ante la policía, las familias recuerdan que no se instó la ejecución de la sentencia hasta cuatro años después, en torno a la fecha de inauguración del centro comercial. «Nadie se ha preocupado de nosotros y ahora de repente todo ocurre», afirma Cortés.

En el escrito entregado en la policía se admite, en todo caso, que «los hechos pueden no ser más que una mera coincidencia». Manuela Moreno apunta a que el Ajuntament «si quiere» puede parar el desalojo del poblado, y hay otra idea común en el ambiente: «No sabemos dónde ir y aquí hay niños y personas mayores. No nos dan ninguna alternativa».

Otra de las residentes en el poblado declara que, en su caso, se le ha denegado una ayuda porque, según dice ella, tiene una tumba en propiedad. «Sólo nos dan ayuda con la condición de comerles el culo y hacer cursillo dos meses por 200 euros», suma otra voz.