En los próximos meses la nueva ley de consumo iniciará su tramitación parlamentaria.

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Baleares quiere hacer aún más efectiva su Ley de Consumo. El Govern prepara una nueva normativa que, entre otras cosas, contemplaría el incremento de la capacidad sancionadora de la Administración con multas que podrían alcanzar hasta los 5 millones de euros.

Desde la entrada del Govern de Pacte se trabaja en esta nueva normativa, que tiene como base la ley del PP en 2014. El documento podría estar listo este mes de febrero o en marzo para iniciar su recorrido parlamentario y su aprobación definitiva dentro de este 2018. «Creemos que la ley actual es una buena ley, pero también que se podía mejorar. Incrementando las sanciones, dando mayor protección al consumidor y exigiendo a las empresas más transparencia, alcanzado un equilibro entre la parte punitiva y la proteccionista, mejoraremos bastante la ley».

El director general de Consumo detalla que la actual ley permite sancionar con hasta 660.000 euros. «Esta ley está constantemente en revisión, ya que la normativa de Consumo cambia constantemente y te exige cambios», apunta. Con la nueva ley, las sanciones graves podrían oscilar entre los 300.000 euros hasta el millón de euros; en caso de que hubiera otros agravantes, esa cifra podría llegar a multiplicarse por cinco. «Es una normativa más restrictiva y estas sanciones tan elevadas podrían evitar que muchas empresas sigan cometiendo infracciones, teniendo un efecto disuasorio».

El objeto de tener una nueva ley que pueda poner freno «a los abusos constantes», favorecerá, según el director general de Consumo, Francesc Dalmau, a la creación a medio o largo plazo de una Agencia Balear de Consumo.

Agencia propia

Dicha agencia aspiraría a tener capacidad de autofinanciación y funcionaría como un organismo autónomo. «La agencia no sólo tiene que ser de Consumo, sino también de la Competencia. Nuestros estatus lo contemplan, pero aún no está desarrollada esa área».

La Agencia de Consumo permitiría trabajar de una forma más independiente, y también de manera transversal con otras áreas de la Administración. «Esa autonomía nos permitiría en momentos puntales, y ante casos concretos, contratar más personal».

En estos momentos, Consumo cuenta con un presupuesto anual de 2,2 millones de euros y a través de las sanciones ha recaudado 1,3.