La sección primera de la Audiencia de Palma acogerá las dos vistas previas para abordar cuestiones organizativas y la posibilidad de un acuerdo antes del juicio.
En el llamado caso Son Oms, Anticorrupción acusa a Munar de presuntos delitos de blanqueo de capitales de 1,23 millones, prevaricación por favorecer desde su cargo a una empresa en la que tenía interés directo y tráfico de influencias por influir presuntamente en otros funcionarios para propiciar la recalificación de la finca de Palma que da nombre a la causa.
Solicita que sea condenada a 6 años de prisión, multa de 2,5 millones y el decomiso de otros 246.000, que serían una quinta parte del dinero percibido por favorecer el negocio.
Como petición subsidiaria, la Fiscalía considera que el cobro de cantidades podría suponer un delito de cohecho pasivo (en vez de blanqueo), en relación con prevaricación y tráfico de influencias. En ese caso, el fiscal solicita para la expresidenta insular 5 años de cárcel, multa de 1,2 millones y el comiso de 400.000.
También está acusado el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, a quien el ministerio público considera que no procede imponer ninguna pena porque ya fue juzgado y condenado por estos hechos en el marco del llamado caso Metalumba. Estaba también acusado el expresidente del parlament, Maximiliano Morales, fallecido el pasado abril.
En el caso Studio Media, los acusados son ocho. Munar está acusada de beneficiar a una empresa con unos 3 millones de fondos públicos.
Además de Munar están también acusados el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, los exconsellers de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y de Territorio Bartomeu Vicens y los que fueran secretario técnico de Vicepresidencia Antoni Moragues, y coordinador de servicios de la institución Miguel Àngel Grimalt, así como los empresarios Alfredo Conde y Elizabet Diéguez.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los altos cargos del Consell se concertaron con dos empresarios para beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos a partir del año 2000 y por más de 3.000.000 euros a Studio Media Comunicación, una sociedad próxima a miembros destacados de la extinta Unió Mallorquina (UM).
Según el ministerio público, entre otras irregularidades, la empresa se creó para concurrir a un concurso público de un servicio de radio en el año 2000, cuando éste todavía no se había convocado y sabiéndolo de antemano.
La Fiscalía considera que Munar toleró y consintió las irregularidades y permitió la adjudicación porque favorecía a personas próximas a UM.
El fiscal acusa a Munar y Nadal de delitos continuados de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedad documental y pide una condena de 7 años de prisión para cada cual, 5 millones de multa e inhabilitación especial para cargo público por más de una década.
Tanto Munar como Nadal cumplen en la actualidad prisión por condenas anteriores.
Para Vicens, la Fiscalía pide 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación, así como multa de 5 millones; y para Flaquer, Moragues y Grimalt 8 años de inhabilitación. Para Conde y Diéguez reclama 4 años de prisión y 8 de inhabilitación y multa.
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Munar, Matas...y ahora Biel Barcelo....