Imagen de la detención del sospechoso en abril del año pasado. | Alejandro Sepúlveda

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Mohamed Harrak, el supuesto yihadista detenido en Son Gotleu en abril de 2016, será juzgado por la Audiencia Nacional el próximo 5 de octubre. Afronta una petición de cárcel de diez años por parte de la Fiscalía y de doce por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, personada como acusación popular. Se le acusa de un delito de integración en organización terrorista.

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El joven, de 28 años de edad, permanece en prisión desde que fue arrestado. Siempre ha negado que colaborara con el Estado Islámico y sostiene que, en realidad, facilitaba información al Centro Nacional de Inteligencia. Su defensa ha pedido varias diligencias para acreditar ese vínculo y, de hecho, en la causa constan varias conversaciones telefónicas con el que Harrak dice que era su contacto en el CNI, una persona conocida como Ángel.
En las conversaciones, esta persona le dice al acusado cómo tiene que comportarse en las redes sociales para captar la atención de militantes del Estado Islámico. También le da alguna información intrigante: a través de ese teléfono le advierte de que deje de hablar con una mujer porque iba a ser detenida en breve. Ese arresto ocurrió de verdad.
Los agentes de la Policía Nacional que intentaron identificar al usuario del teléfono de Ángel se encontraron con que el terminal había tenido varios usuarios, algunos de ellos delincuentes. Lo vincularon con actividades de tráfico de drogas por parte de Harrak, algo por lo que la Fiscalía finalmente no le acusa. La policía descarta que el tal Ángel tenga vínculos con el CNI por su forma «burda» de actuar.

La acusación del ministerio público describe actividades de Harrak limitadas a su actividad en las redes sociales y a través del móvil. Así, le acusan de haber sido miembro de la organización terrorista Estado Islámico. «Desde septiembre de 2015 ha mantenido conversaciones en las que contactó con otras personas para sumarlas a su proyecto de viajar a Siria e Irak para hacer la yihad allí o pedirles que buscaran otros con el perfil adecuado», describe el fiscal. La acusación más grave es la de haber llegado a proponer a los miembros del grupo de whatsapp ‘Al Andalusi’ hacerse con material para llevar a cabo un atentado terrorista sin más especificaciones.