El Ejecutivo confía en que el papel de Guillem López Casasnovas, el experto nombrado opr el Govern para negociar la nueva financiación, sea clave para modificar además aspectos legislativos, como la aplicación de la regla de gasto.

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El Gobierno central ha obligado al Ejecutivo de Francina Armengol a congelar la disposición de 147 millones de euros del Presupuesto de este año que el Ejecutivo no podrá gastar: tendrá que destinarlos a pagar deuda y, más en concreto, a pagar parte de la deuda que tiene con el propio Ejecutivo central. El Ministerio de Hacienda comunicó la pasada semana al Govern que, para cobrar los 500 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), debe dejar aparcados esos 147 millones que no podrá gastar.

El FLA es el dinero que presta el Gobierno a las comunidades autónomas para que dispongan de liquidez y no tengan que recurrir a los bancos. El retraso en el pago de esos 500 millones de euros, correspondiente a la primera entrega del año, estaba empezando a provocar «tensiones de liquidez», en palabras de la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera.

Como consecuencia de esta advertencia y de las tensiones, la Conselleria d’Hisenda se vio obligada a modificar el plan de ajuste para comprometerse a no disponer de esta cantidad que ya no podrá gastar en prestar servicios a los ciudadanos de Balears.

La paradoja

Lo chocante de esta situación es que esos 147 millones de euros que deberán destinarse a amortizar deuda aparecen como consecuencia de la mejora económica. El Govern obtendrá más ingresos, hasta el punto de que las previsiones apuntan a que acabará el ejercicio con un superávit del 0,1 por ciento.

El límite de déficit para este año es del 0,5 por ciento, pero el Govern no podrá aprovechar esos recursos. «Los resultados del crecimiento económico se tendrán que destinar a cancelar deuda y no a mejoras para los ciudadanos», se lamenta la consellera Catalina Cladera. La culpa de ello la tiene un complejo sistema de cálculo presupuestario que se conoce como la regla de gasto, y que para el Gobierno es el grial que conduce su política presupuestaria. Con el déficit controlado, ahora quiere domar el gasto que realicen las comunidades autónomas.