El conseller de Educació, Martí March, durante el pleno de este martes en el Palament. | M. À. Cañellas

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El Parlament balear ha aprobado este martes una iniciativa de MÉS per Menorca que solicita a la Conselleria de Educación que «como norma general» los alumnos consoliden los conocimientos educativos en horario lectivo.

La iniciativa del grupo econacionalista también incluía las palabras «y que, por tanto, no se encarguen deberes» fuera del horario escolar, pero estas palabras han sido finalmente retiradas a instancia del PSIB-PSOE.

El grupo econacionalista también ha aceptado otra propuesta de los socialistas para que la conselleria no tenga que aprobar una normativa específica sobre los deberes, sino que «impulse las condiciones» para que a partir del próximo curso los estudiantes consoliden sus conocimientos en las aulas.

La proposición no de ley ha sido aprobada con el apoyo de los partidos del Govern y el PI y la oposición del PP y C's.

En la defensa de esta iniciativa, el diputado de MÉS Josep Castell ha advertido que la mayoría de diputados tienen hijos en edad escolar y que la mayor parte de las tareas extraescolares son «memorístias y repetitivas», un sistema «ineficiente».

El diputado ha citado al pedagogo Enric Prats, que advierte que «la crítica más incisiva discute la poca utilidad de los deberes y su carácter reiterativo y poco original».

Castell ha recordado un reciente estudio de la OCDE sobre España que desvela que los jóvenes estudiantes de nuestro país dedican 6,5 horas semanales a los trabajos escolares frente a las 4,9 horas de la media europea.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud señala en otro informe que España es uno de los países donde los niños se sienten más «presionados» por los deberes.

Castell ha mantenido que «todo parece indicar» que los deberes «desmotivan» a los alumnos, provocan «aburrimiento» a los buenos estudiantes y «abandono» a los que les cuesta seguir el curso escolar; por tanto, más que mejorar los resultados, los empeora.

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Por parte del PSIB, el diputado socialista Enrique Casanova ha reconocido que los deberes son un tema complejo y que, en muchas ocasiones, las actividades extraescolares también son deberes para los niños al tratarse de una obligación.

En todo caso, ha mantenido, los deberes son un asunto propio de los profesores, la comunidad educativa y los propios padres.

El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha defendido una enmienda de su grupo que no ha sido aceptada y en la que el Parlament instaba a la Conselleria de Educación y Universidad a «velar para que los trabajos que maestros y profesores prescriben fuera del horario lectivo se ajusten a las necesidades de la materia y a la disponibilidad de los alumnos».

Pericay ha criticado la iniciativa de MÉS y ha calificado de «insólita» la huelga celebrada en España para protestar por los deberes, si bien ha mantenido que la carga de trabajo fuera del colegio debe ser la «justa», una cuestión que «depende» exclusivamente del profesor y de la materia en cuestión.

La diputada del PP Núria Riera ha dejado claro que su grupo no está a favor de regular por «ley» los deberes como pretendía MÉS, una actitud «anacrónica», sino que es necesario «respetar» la autonomía de los centros y los profesores y sus respectivos proyectos educativos, que se adaptan a las necesidades de sus alumnos.

Los deberes no generan «una brecha social», ni tampoco son negativas las tareas repetitivas, ha mantenido Riera, que ha apostillado que como madre conoce que sus hijos tienen diferentes necesidades educativas y de refuerzo. «El Parlament tiene otros trabajos», ha apostillado.

La portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha defendido la necesidad de «racionalizar» los deberes porque la cantidad de trabajos que realizan los niños está «perjudicando la vida de las familias, especialmente la de entornos sociales más desfavorecidos».

Camargo ha defendido «el aprendizaje y la felicidad de los niños y niñas, que tienen derecho a ser felices y a gozar de la infancia de una manera sana», al tiempo que se ha referido a la necesidad de evitar que el «agobio» que puede generar la educación se traslade a las familias.

Desde el PI, María Antonia Sureda, ha sostenido que no se puede «fiscalizar» el trabajo de los profesores y ha subrayado que sobre educación no todo el mundo sabe.

En todo caso, el PI se ha opuesto a regular por ley los deberes y ha apostado por una ley educativa consensuada a nivel estatal.