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El juez de Instrucción número 3, José Castro, ha finalizado la instrucción de una pieza del caso Palma Arena acerca del sobrecoste en la compra del vídeo-marcador del velódromo contra siete personas por delitos de fraude a la administración y malversación de fondos públicos.

Castro ha dictado este miércoles el auto de pase a procedimiento abreviado con el que da por terminada la investigación de esta pieza separada número 18 del caso Palma Arena y ha instado a las acusaciones a formular en un plazo de diez días sus escritos solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El procedimiento continúa para el exdirector general de Deportes, José Luis «Pepote» Ballester; el exgerente del Palma Arena Jorge Moisés; el exconcejal de Palma PP y ex presidente del consorcio del Palma Arena, Rafael Durán; el técnico Sebastián Rotger y los empresarios Miguel Romero, Ricardo Arroyo y Juan Carlos Rovira.

La adjudicación del vídeo-marcador se realizó por un importe de 1.992.200 euros, si bien se pagaron en total 2.260.464 euros.

En el auto en el que finaliza la instrucción, el juez detalla que cuatro empresas presentaron ofertas al concurso para suministrar e instalar marcadores de vídeo, aunque el número de aspirantes «era menor que el que se aparentaba» porque a una de las compañías «se le hizo la vida imposible para que quedara fuera de concurso» y dos de ellas tenían al mismo representante, Juan Carlos Rovira, y presentaron «propuestas exactamente iguales» salvo por el importe.

«Puestas a contraluz, coincidían milimétrica y milagrosamente en los conceptos a pesar de que se decían confeccionadas en lugares distintos y distantes», señala el juez sobre las ofertas que llegaron supuestamente de una empresa radicada en Francia y otra ubicada en Badalona.

La empresa adjudicataria era filial de la otra concursante y compartía órganos de gobierno.

Un mes después de la adjudicación, la empresa beneficiaria presentó tres facturas por los 1.992.200 euros en que se había licitado el vídeo-marcador y una cuarta por 111.860 no presupuestados, que luego se anuló y se sustituyó por otras tres facturas que sumaban 268.264 euros.

Según el juez, el técnico Sebastià Rotger autorizó el pago con el beneplácito de Jorge Moisés.

El director de la empresa adjudicataria, Ricardo Arroyo, era cuñado de Miguel Romero, administrador de Nimbus, la compañía que hizo la campaña electoral del PP en 2003, adjudicataria de la publicidad del Mundial del Ciclismo en Pista que se celebraría en el Palma Arena y de un patrocinio adicional por parte del Govern de 350.000 euros.

También fue favorecido con numerosas contrataciones menores fruto del fraccionamiento de encargos a empresas de su grupo, adjudicaciones todas ellas investigadas.

El instructor menciona en el auto el hallazgo de un correo electrónico de una empleada de Romero a Ricardo Arroyo, de fecha anterior al inicio del concurso, detallado que cuando le concedan el presupuesto del velódromo firmará un contrato en el que su empresa aparecerá como patrocinador del mundial: «A razón de 150.000 euros de los cuales tendrás que satisfacer el 30 % a la firma del contrato y el resto en abril de 2007».

El auto no es firme y ante él cabe recurso de reforma en un plazo de 3 días o de apelación en cinco días.