Miembros del grupo ecologista GADMA, del Lobby per la Independència y Esquerra Republicana que protestaron en la piscina del periodista. | Guillermo Esteban

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Las once personas acusadas de lesiones y coacciones por los incidentes ocurridos en agosto de 2005 cuando un grupo de militantes ecologistas y nacionalistas irrumpió en la piscina del chalé del periodista Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos de Mallorca han sido absueltos por prescripción.

Tanto los ocho encausados que protestaron en la zona de la piscina para reclamar su uso público como los dos guardias de seguridad privados y el escolta de Ramírez que trataron de impedirles el acceso han admitido retirar las acusaciones mutuas en el juicio celebrado este jueves en Palma.

La fiscal del caso, en atención al tiempo transcurrido desde el altercado, a la paralización de la causa durante más de seis meses y al carácter de falta de los hechos atribuidos a los acusados, ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha pedido la absolución.

Las defensas y las acusaciones se han sumado a ese planteamiento y los acusados han declarado ante la jueza que aceptaban las conclusiones del ministerio público y renunciaban a recurrir el fallo.

Entre la resolución de la Audiencia respecto a los últimos recursos contra el auto que cerraba la instrucción de los hechos y la providencia en la que el juzgado instaba a las partes a formular acusación pasaron 2 años y 4 meses y los hechos han llegado a juicio 11 años y 9 meses después de producirse.

«La Justicia protege a Pedro J.»

Uno de los activistas que participó en los hechos, Jaume Sastre, ha afirmado en declaraciones a este periódico que «no hemos cambiado de discurso», y ha mostrado sentirse aliviado por el hecho que el ministerio público haya asumido finalmente su versión de los hechos, y que «nosotros fuimos los agredidos».

Por el contrario, Sastre cree que el proceso «se ha dilatado a propósito», abocándolo de esta forma a su prescripción.

Además, ha lamentado el «doble rasero» que según su visión aplica la Justicia, ejemplificándolo en la rapidez con que él mismo fue condenado por coacciones a pagar una multa en 2006, apenas dos años después de que Ramírez lo denunciara; una celeridad que los tribunales no han exhibido en este caso.

Con todo, Sastre considera curioso que en según que casos «la causa vuele, y en cambio en éste se haya dejado pudrir», un hecho que el activista califica de «paripé» y que según su opinión demuestra que «la Justicia protege a Pedro J.».