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El exportavoz del PP en el Ajuntament de Palma Rafael Durán ha sido interrogado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, siete años después de ser detenido en la operación policial que dio impulso a esta causa. El arresto, producido en agosto de 2009 junto al de otros cuatro exaltos cargos y empresarios, generó una amplia expectación -permaneció tres días en los calabozos, el plazo máximo legal en la que una persona puede estar detenida antes de ser puesta a disposición judicial- y le llevó semanas después a dimitir del cargo. Desde entonces no había sido citado a declarar.

El exdirigente 'popular' ha comparecido este jueves tras ser empleazado por el magistrado y lo ha hecho en el marco de la pieza 18, centrada en el presunto sobrecoste en la adjudicación del videomarcador del Palma Arena, cuyo coste ascendió a 1,9 millones de euros. Durán, quien presidía la Junta del Consorcio para la construcción de la infraestructura deportiva, ha defendido la legalidad del procedimiento y ha negado que se produjera irregularidad alguna en su tramitación.

Las acusaciones investigan las condiciones en las que fue adquirido el dispositivo electrónico y si se produjo un trato de favor hacia la empresa beneficiaria del proceso de adjudicación, Smart Vision, dentro del proceso de contratación al que también concurrió la empresa Odeco -vinculada a la concesionaria- así como otras tres mercantiles.

Durán ha defendido que se trataba de un proceso abierto en el que no se incurrió en ningún tipo de ilicitud por el hecho de que dos de las empresas pertenecieran al mismo grupo, y ha negado tajante haber cometido un delito de prevaricación.

Durante esta misma jornada han comparecido también en dependencias judiciales el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, quien se ha desvinculado de estos hechos, y el exgerente del Palma Arena Jorge Moisés, que se ha acogido a su derecho de no declarar.