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Las entidades Foro de la Familia y Vida en Baleares han presentado de forma conjunta en el registro del Parlament una proposición no de ley para impedir la explotación mercantil del vientre de la mujer, según han informado en un comunicado.

Mediante esta iniciativa el Parlament de las Islas Baleares insta al Gobierno a cumplir con las normas y disposiciones de la Unión Europea en materia de gestación subrogada.

Además, la cámara legislativa balear pide al ejecutivo central a rechazar la mercantilización del cuerpo de la mujer que suponen los vientres de alquiler y a prohibir esta práctica contraria a los derechos humanos.

Ambas entidades afirman que la maternidad de alquiler, más conocida como vientres de alquiler o gestación por sustitución, «no constituye ningún progreso ni avance social; por el contrario, es una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales».

«Supone, por tanto, una flagrante violación de la dignidad tanto de la madre, como del niño», aseguran ambos colectivos, que critican el intento de presentar los vientres de alquiler como una forma más de reproducción asistida y «como un tratamiento altruista para paliar la infertilidad y ayudar a las parejas que no pueden tener hijos, dándoles así la oportunidad de poder realizar el sueño de ser padres».

Ambas entidades advierten de que pueden llegar a ser seis adultos los que reclamen la paternidad de cada bebé nacido de un vientre de alquiler: la madre genética o biológica (donante de óvulos), la madre gestante (el vientre de alquiler), la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético (el donante de esperma), el marido o pareja de la madre gestante (que tiene la presunción de paternidad), y el hombre que ha encargado el bebé.

Todo ello, aparte de ser fuente de «más que probables conflictos jurídicos, impide al niño conocer su origen e identidad, tal y como establecen los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño».