El expropietario de la Policlínica Miramar y uno de los máximos accionistas de la Agrupación Médica Balear (Ameba) -encargada de la gestión de la instalación sanitaria-, Cristóbal Pizá, ha aceptado una pena de un año de prisión tras reconocer haber defraudado dos millones de euros del centro, durante diez años, sin el conocimiento del resto de accionistas. Sobre el acusado pesa un delito societario. | Joan Torres

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El expropietario de la Policlínica Miramar y uno de los máximos accionistas de la Agrupación Médica Balear (Ameba) -encargada de la gestión de la instalación sanitaria-, Cristóbal Pizá, ha aceptado una pena de un año de prisión tras reconocer haber defraudado dos millones de euros del centro, durante diez años, sin el conocimiento del resto de accionistas. Sobre el acusado pesa un delito societario.

La Fiscalía solicitaba una multa de seis millones de euros, si bien finalmente ha optado por pedir prisión -sin oponerse a la suspensión de esta pena-, mientras que Ameba reclamará por la vía civil los dos millones, tal y como ha dado a conocer durante la vista oral celebrada y vista para sentencia este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

El juicio no ha estado exento de momentos de tensión puesto que, tras las negociaciones a puerta cerrada entre las acusaciones y la defensa de cara a cerrar su acuerdo, Pizá, al ser preguntado por el presidente del tribunal sobre si estaba conforme con los hechos que se le imputan, ha respondido que «no», lo que ha llevado al magistrado a manifestar sentirse «tratado como un imbécil».

«No me creo que no esté conforme. Sé lo serio que es su abogado Gabriel García y estoy seguro de que se lo ha explicado. La próxima vez que ponga en duda la profesionalidad de su letrado, me enfadaré el doble», ha añadido el presidente, Juan Pedro Yllanes, que ha vuelto a acordar un receso para que defensa y acusado pudieran comentar esta circunstancia. Una vez reanudada la vista y de nuevo inquirido sobre su conformidad, el inculpado ha respondido de forma afirmativa.

Pizá ha admitido de este modo haberse puesto de acuerdo entre los años 1996 y 2005 con su socio Francisco Dalmau, ya fallecido -ambos tenían la mayor parte del accionariado de Ameba-, para adjudicar en exclusividad determinados servicios médicos a la sociedad Consaba, de la que Pizá y Dalmau eran administradores solidarios.

Se trata de una adjudicación realizada de tal forma que por parte de Ameba se sufragaban de manera casi exclusiva los gastos generales que tales servicios ocasionaban mientras que, por el contrario, Consaba percibía la práctica totalidad que dichas especialidades médicas generaban, con el consiguiente perjuicio para Ameba y el consecuente beneficio para Consaba.

Las operaciones las ocultaban ambos socios al resto de accionistas de Ameba mediante la contabilización de los beneficios en dos cuentas contables, una transparente -que era la que presentaban públicamente-, y una segunda cuenta de ingresos opaca, la llamada 'caja B', que ocultaban tanto a sus propios socios como a Hacienda.

Otras de las acusaciones presentes en la vista son la propia Ameba, Oliver Kaufer y Ramón Autanell, así como el doctor Pablo Ramis.

Pizá, absuelto en dos ocasiones

Pizá ha sido juzgado en otras dos ocasiones, en las que fue absuelto. Así, en marzo de 2013 fue juzgado en la Audiencia acusado de apropiarse, junto a Dalmau, de al menos 708.000 euros de los ingresos de la Miramar, una vista en la que alegó que la gestión económica de la instalación sanitaria «no era mi incumbencia; mi incumbencia eran los enfermos».

El inculpado responsabilizó de las presuntas irregularidades al propio Dalmau, quien también fuera presidente del RCD Mallorca. Es más, en aquella ocasión el procesado aseveró que «nunca» ha llevado a cabo «ningún desfalco» como tampoco ha cobrado «dinero negro». «Sólo he cobrado por mi trabajo», espetó.

Un mes después, el expropietario de la Policlínica se sentó de nuevo en el banquillo acusado de un delito de alzamiento de bienes por presuntamente deshacerse de dos inmuebles para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba al actual máximo accionista del centro sanitario, Francisco Miralles. Precisamente, Miralles está querellado contra el empresario José María Ruiz-Mateos por una supuesta estafa de 13,9 millones de euros en otra causa que se está instruyendo en Palma.

Los herederos de Dalmau, condenados a indemnizar a Ameba

Se da la circunstancia además de que la Audiencia condenó en abril del mismo año a los herederos de Dalmau a devolver un total de 40.997 euros más intereses a la Agrupación Médica Balear, parte de los cuales (1.188 euros) el exmáximo accionista de la Miramar destinó a pagar recibos del IBI mientras que el resto (39.808 euros) lo desvió en forma de transferencias a una de sus mercantiles, justificándolas con facturas ficticias que no respondían a contraprestación alguna.

La sentencia extendió esta obligación indemnizatoria a los herederos de Dalmau por afectar al patrimonio personal de éste, después de que en primera instancia únicamente fuese condenada la mercantil Midaldía, a cuyas cuentas corrientes el expresidente del Consejo de Administración de Ameba transfería los importes, obteniendo de este modo liquidez «fraudulenta a costa del patrimonio» de esta entidad médica.

La propia Ameba, demandante en el proceso y representada por el letrado Juan Camacho, del Bufete Coca, apuntaba cómo Dalmau tenía «interiorizado» que la Agrupación era su «cortijo y hacía y deshacía a su antojo sin encomendarse a nadie, con un manifiesto desprecio a los accionistas minoritarios de la sociedad». Unas prácticas, según la Audiencia, «a todas luces ajena al ámbito empresarial» por cuanto Dalmau «daba las órdenes pertinentes al objeto de que se desviaran fondos de Ameba para fines privativos».