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La comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de las Islas Baleares se ha mostrado hoy partidaria de derogar la ordenanza cívica de Palma, o bien de proponer su reforma para que se respeten los principios constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

En un comunicado, este colegio oficial explicita su rechazo, a través de esta comisión, a la aplicación de la ordenanza cívica como medio para restringir el uso de los espacios públicos por parte de todos los ciudadanos con plena libertad.

Además, se denuncia la criminalización de determinadas conductas que siendo atípicas penalmente, caso de la prostitución, se persiguen ahora desde el Derecho Administrativo.

Finalmente, esta comisión entiende que el uso de los espacios públicos debe estar orientado siempre por la libertad de los ciudadanos, con las restricciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad.

En la nota de prensa se indica que el Ayuntamiento de Palma, igual que otras muchas capitales de provincia y municipios, ha aprobado ordenanza cívica con la «supuesta finalidad» de ordenar el uso del espacio libre público.

Este objetivo se podía conseguir, según la entidad judicial, aplicando las distintas normas previstas en la Ley de Régimen Local, que establece la competencia municipal sobre el uso y la seguridad del dominio público.

Sin embargo, en la mayoría de las ordenanzas aprobadas se ha optado por una concepción restrictiva de la libertad en el uso del espacio público, entrando a regular de modo minucioso actividades como la música callejera, los espectáculos callejeros o la publicidad, que está ya regulada en las ordenanzas de publicidad dinámica.

De este modo se someten todas estas actividades a una intervención administrativa «rigurosa y con frecuencia arbitraria».

Las consecuencias de esta regulación «tan poco respetuosa» con el principio general de libertad ha empezado a «notarse": restricciones a determinados artistas callejeros, privatización de espacios antes públicos, control policial arbitrario de las actividades en vía pública y criminalización de algunas conductas que en principio son atípicas penalmente, pero que ahora se persiguen por una supuesta desobediencia a la autoridad.