Juan José Montaño, Irene San Gil, Pedro López y Lluís Ballester, durante la rueda de prensa en Cort.

TW
18

El Ajuntament de Palma revisará la compatibilidad de unos 120 funcionarios para comprobar que no se han producido modificaciones en su situación laboral.

El Consistorio calcula que unos 79 funcionarios sí han experimentado modificaciones, pero no las han comunicado como les exige la normativa. La teniente de alcalde de Funció Pública, Irene San Gil, argumentó que la gran mayoría no lo han hecho por desconocimiento, por lo que se abrirá un periodo para que puedan hacerlo.

Previamente, Cort publicará en su intranet la situación registrada de los funcionarios que disfrutan de compatibilidad para que ellos mismos comprueben si se han producido cambios. En el caso de ser así, deberán notificarlo y regularizar su situación. San Gil advirtió que si no lo hacen en el plazo establecido serán sancionados. Se considerará falta muy grave, lo que conlleva la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo determinado, según señaló la regidora.

La titular de Funció Pública destacó que esta decisión está consensuada con los sindicatos. La causa de esta revisión se remonta al hecho de que el letrado asesor d’Urbanisme, Josep Grimalt, se anunciaba en la página web de una empresa privada. San Gil señaló que al letrado le han abierto una información reservada, es decir, un expediente informativo. Precisó que sigue en su puesto y destacó que en los próximos meses se jubila.

Cabe recordar, que Grimalt ha suscitado mucha polémica tras informar a favor de conceder la licencia al Casino Teatro Balear, en contra el criterio del Consistorio palmesano.